La magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés ha desestimado una denuncia de una profesora del conservatorio contra la Fundación Municipal de Cultura tras haber solicitado actas certificadas de las reuniones de los claustros de profesores y datos de alumnos matriculados por especialidad en los últimos cinco años. La docente demandante formó parte del anterior equipo directivo del Conservatorio.

La sentencia de la jueza Estefanía López Muñoz es clara: "A los profesores del Conservatorio se les remiten por correo electrónico las convocatorias del claustro, el texto del orden del día, los datos sobre el acta de la convocatoria anteriormente celebrada con archivo con el contenido íntegro de la misma para su aprobación y los escritos de alegación ruegos y preguntas presentadas por los miembros del claustro. Por lo tanto, la demandante tiene acceso por medio telemático a las actas que solicita". Además, la jueza añade que la petición realizada por la profesora de piano sobre las actas de mayo y julio de 2017 "no solo se solicitan fuyera de plazo sino que la parte tiene en su poder copia simple y no se confeccionan copias certificadas en la medida en que se graban las reuniones y se han aprobado sin incidencias".

Sobre la petición de los datos de los alumnos matriculados por especialidad en los últimos cinco cursos anteriores, la jueza basa su argumento en la ley de protección de datos y afirma en la sentencia que "no se estima la concurrencia de un interés público defendido por la trabajadora ni de una obligación legal exigible al Ayuntamiento", por lo que tampoco puede estimarse la demanda presentada y defendida por el abogado Manuel Gómez Mendoza.

Segunda sentencia

Esta es la segunda demanda que rechaza el Juzgado de lo social número 1 de Avilés a la profesora de piano en relación al Conservatorio. En la anterior demanda, la docente aducía que estaba siendo discriminada y acosada por el director del centro educativo, Carlos Galán, cuestión que fue negada con rotundidad en la sentencia. En aquella ocasión, la docente reclamaba una indemnización de 15.000 euros "por daños morales" por sus problemas de movilidad y se sentía excluida porque, supuestamente, el centro no le facilitaba su trabajo. La docente reclamó entonces dar clase en un edificio anexo que carece de barreras arquitectónicas y el director accedió. Reclamó también que su aula fuera dotada de instrumentos y así ocurrió.