Los familiares (viuda y dos hijos de nueve años) de Daniel Álvarez Heres, el buzo gozoniego que falleció ahogado en julio de 2011 mientras extraía ocle frente a la costa de Gijón, ha aceptado el cobro de una indemnización de 60.000 euros poniendo así punto final al procedimiento judicial abierto en 2018 para dirimir la responsabilidad civil del accidente que causó la muerte al profesional del buceo. Con antelación, el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón había sobreseído la causa al no encontrar responsable penal. Con la conformidad económica alcanzada ahora en los juzgados de Avilés, tanto el armador del barco desde el que faenaba el buzo como el patrón que lo alquiló quedan exonerados de responsabilidad en lo ocurrido. El pago de la indemnización lo realizará el armador, que a su vez reclamará ese importe a la compañía aseguradora.
El día de su muerte, Daniel Álvarez Heres estaba trabajando enrolado en el pesquero "Biempica Tres", con base en el puerto de La Arena. El buceador extraía ocle a siete metros de profundidad, a dos millas al nordeste de El Musel y recibía aire desde la superficie a través de una manguera enganchada a un regulador (boquilla) por el que respiraba. Álvarez Heres no tenía comunicación con la superficie, más allá de los tirones que desde arriba daban a la manguera para indicarle que saliera, una práctica habitual entre los profesionales que se dedican a arrancar el ocle que crece en el fondo del mar.
Según quedó acreditado en la instrucción penal del caso, el barco no contaba con plan de prevención o evaluación de riesgos, pero había recibido el visto bueno de la Capitanía Marítima para salir a navegar un día anterior del accidente, el 8 de julio, tras haber subsanado dos incidencias detectadas cuatro días antes, una referente a las botellas que usan los buzos para sus inmersiones y otra a la calidad del aire. El delegado del Sindicato de Buzos Profesionales de España, Luis Torcida, declaró que "a todas luces, los equipos que usaban los buzos eran ilegales". No obstante, los tribunales tuvieron en cuenta que la Capitanía Marítima autorizó al barco para faenar.
Las sesiones celebradas en los juzgados de Avilés en el último año dejaron claro que ninguno de los organismos que investigaron el suceso (Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales) pudo determinar la causa por la que Daniel Álvarez Heres dejó de recibir aire. Tan solo pudieron acreditar que el buzo fue hallado muerto y que la Guardia Civil no encontró la botella de seguridad que debería haber llevado consigo.
