Un día antes de que se produjera el atropello mortal en La Magdalena, que le costó la vida a María Cándida Carvalho Barros, el joven conductor, ahora de 21 años, acusado de un supuesto delito de homicidio imprudente, había llegado de Suiza, concretamente de Berna. En la capital suiza reconoció que había consumido cannabis, pero no en España, según declaró esta mañana ante el juez José Luis Niño, durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés. Se pedía para el joven tres años de cárcel y una importante indemnización de algo más de 300.000 euros de los que respondería también la madre del acusado como propietaria del vehículo.

"Aquel día, 21 de mayo, fui a casa de mi madre a por el perro para llevarlo a pasear por Xagó y de la que volvía de la playa ocurrió el suceso. El sol me daba de cara y no llevaba gafas", reconoció a preguntas de su abogado, Ignacio Arévalo, que destacó que su cliente circulaba a "algo menos de treinta kilómetros por hora" y "sufrió un ataque de pánico" tras el atropello.

Durante la vista oral en la que prestaron declaración rápida un total de diez testigos, varios de ellos agentes de la Policía Local, quedó acreditado, en palabras del abogado de la defensa, que el conductor "no circulaba bajo los efectos de las drogas". Los agentes reconocieron ante el magistrado que el conductor "aparentemente no presentaba síntomas de circular bajo los efectos de las drogas". En el juicio prestó declaración también la madre del autor del atropello, que destacó que el día del suceso ella estaba internada en un sanatorio gijonés y que le tenía prohibido a su hijo coger su coche "porque no estaba asegurado".

El Ministerio Fiscal, que inicialmente pedía tres años de prisión para el acusado, redujo la pena a uno más un año de retirada del carné de conducir. "Entendemos, y más después de escuchar a los testigos, que no se puede demostrar que el positivo (en drogas) pueda conducir a una influencia externa. Y modificamos la pena porque dentro de la imprudencia grave hay grados y entendemos que está calificación está correcta situándola en el grado mínimo".

La acusación particular mantuvo la pena de 4 años de cárcel y la defensa solicitó la libre absolución de su cliente. En la vista oral también se hizo alusión a las indemnizaciones, sobremanera por parte de los representantes de la responsabilidad civil directa y subsidiaria. El caso quedó visto para sentencia.