El dueño, la directora y dos monitoras de la granja escuela de Soto del Barco donde el 25 de julio de 2017 murió un niño ahogado se sentarán en el banquillo de los acusados. Lo que todavía está por ver es si se enfrentarán a un delito de homicidio imprudente, por el que serían juzgados en Avilés, como propone el juez de Pravia instructor del caso; o a un delito de homicidio en comisión por omisión, escenario que les llevaría a ser juzgados por un jurado popular, como solicita la acusación particular. Esta decisión recae sobre el instructor del caso y está previsto que la tome en los próximos días.
La tragedia se cruzó con el pequeño Izan Álvarez Pérez el 25 de julio de 2017, cuando se encontraba pasando unos días en la granja escuela Palacio de la Bouza, en Riberas (Soto del Barco). En torno a las 16.30 horas, el pequeño, de 5 años, fue hallado flotando boca abajo en la piscina por una de las dos monitoras que se hacía cargo del grupo de 17 menores entre los que se encontraba la víctima. Precisamente, las dos jóvenes a cargo de los críos -por entonces con edades de 18 y 19 años y una de ellas en periodo de prácticas- se sentarán en el banquillo de los acusados.
También lo harán la directora y el dueño de la granja escuela, hasta entonces una institución de gran prestigio en todo el Principado. Tal y como adelantó en su día este periódico, la piscina en la que perdió la vida Izan Álvarez carecía de licencia municipal. Tampoco disponía de socorrismo, pese a que la normativa regional exige este servicio para vasos de más de 1,60 metros de profundidad, y la del Palacio de la Bouza en la que falleció ahogado el niño cubre hasta 1,80 metros. Asimismo, el informe de la Guardia Civil que recoge esta irregularidad también refleja que deficiencias en la piscina pequeña de las instalaciones.
Ahora, en el plano procesal la principal duda está en qué tipo de delito se les imputa a los acusados. De considerarse un delito de homicidio imprudente, el caso será juzgado en Avilés. Si, como pretende la acusación particular, apuntan a un homicidio en comisión por omisión, el asunto llegaría a la Audiencia Provincial, donde sería juzgado por un jurado popular. La decisión final, que se espera pueda conocerse en las próximas semanas, recaerá sobre el juez instructor.
Los padres de Izan Álvarez denunciaron el pasado julio, cuando se cumplían dos años de la desgracia, la lentitud con la que se estaba llevando el caso. "La justicia malgasta el tiempo", clamaban los progenitores de la víctima, que lamentaron demoras en el proceso de instrucción. "Estamos recibiendo una patada tras otra a nivel judicial; no podemos más", lamentaron.
