Hasta seis patrullas de vigilancia rondan por el perímetro y las entradas al complejo de las baterías de coque de Avilés para disuadir o en su caso impedir el acceso a las instalaciones de grupos de personas deseosos de arramplar con el mucho metal allí existente para venderlo como chatarra. El visible refuerzo de la vigilancia en la zona es fruto de la decisión de ArcelorMittal de evitar la rapiña en el interior de las baterías -así como del deseo de evitar accidentes- hasta que se haga cargo de las mismas la sociedad estatal Sepides, que será la encargada a partir de ahora de gestionar los procesos de achatarramiento de instalaciones, descontaminación del suelo, reurbanización y venta de las futuras parcelas industriales.
El refuerzo de la vigilancia no ha disuadido a los buscadores de chatarra, que todos los días son vistos deambulando por la zona y han iniciado el juego del gato y el ratón con los guardas de seguridad. En días pasados ya se produjo un desalojos del interior de la factoría y se teme que la tensión vaya en aumento conforme pase el tiempo porque el perímetro a vigilar es muy grande y los rateros no se echan atrás por la existencia de vallas. Esta misma situación se vivió en el anterior gran operativo de desmantelamiento de instalaciones de Ensidesa, cuando se echaron abajo los hornos altos y la central térmica, entre otras construcciones.
Según el calendario previsto, el relevo en la vigilancia y la custodia de las baterías de coque debería tomarlo Sepides a partir del día 1 de enero, previa recepción de las llaves del complejo durante la jornada de hoy, pero según ha podido saber este diario el acto formal de la entrega de llaves se retrasará hasta un día aún pendiente de fijar pero que muy probablemente será el 15 de enero, coincidiendo con la anunciada presencia en Avilés del presidente de Sepides, Antonio Miguel Cervera, para explicar a los grupos políticos de la Corporación los planes de la entidad de cara al desmantelamiento de las baterías y el saneamiento del terreno. Esta circunstancia sobrevenida a última hora ha ido aceptada por Arcelor y no debiera interferir en los planes inmediatos para ese espacio.
Llegado el día en que las baterías de coque vuelven después de 63 años a manos del Estado (en este tiempo han estado arrendadas a Ensidesa y a sus sucesoras consecutivas, desde la Corporación Siderúrgica Integral (CSI) a Arcelor), la situación en el interior del complejo es la siguiente: de los últimos quince trabajadores asignados a tareas de clausura, seguridad y mantenimiento, diez recibieron órdenes de recolocación en otros departamentos de Arcelor el pasado viernes y cuatro han sido informados de que entrarán a formar parte del personal en Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Así las cosas, el ambiente laboral es "desolador" en palabras de los trabajadores que han hecho la labor de "liquidadores" de las baterías de coque. La planta baja el telón en silencio y con pesadumbre.
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, manifestó ayer que la ciudad "encara el próximo año el reto de buscar un futuro para el suelo que liberarán las baterías de coque". La Regidora indicó que "se abrirá una nueva fase en la que se va a trabajar para que ese suelo sea un espacio que contribuya, una vez más, al desarrollo económico de la ciudad".
El próximo día 15 de enero está previsto que Sepides explique en Avilés sus planes y calendario para conseguir el objetivo de que el suelo esté disponible para futuros usos. En principio, la previsión es que los casi 400.000 metros cuadrados de suelo que liberarán las baterías estén disponibles en el plazo de cuatro años para nueva industria, sobre todo la más tecnológica y robotizada.
Ese cronograma y el resto de detalles sobre el proceso de desmantelamiento y la descontaminación se hará público en dos semanas. Los planes incluyen un estudio de los elementos históricos que se podrían salvar del desmantelamiento para que sigan generando actividad económica y, a la vez, contribuyan a mantener viva la memoria de la ciudad.
