El abogado Manuel Gómez Mendoza (Jódar, Jaén, 1954) es portavoz de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) y es también el responsable de su departamento jurídico. La organización que Mendoza contribuyó a fundar lleva años pleiteando contra el Ayuntamiento de Avilés a propósito de la elección del director del Conservatorio "Julián Orbón". Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en su redacción avilesina.
- Jurídicamente, ¿en qué posición está el actual director del Conservatorio?
-Con la última sentencia, que confirma la del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4, Carlos Galán debería ser cesado inmediatamente.
- ¿De profesor de Piano o de director?
-En principio, de director. La sentencia que se refiere a su condición de profesor de Piano está recurrida. Próximamente se nos citará para la vista, pero esto llevará, probablemente, el mismo camino porque como se le nombró a dedo en el mes de julio; la sentencia va a ser la misma.
- Carlos Galán superó un proceso de selección al que se presentaron cuatro personas. Ustedes lo impugnaron, pero el Juzgado no les dio la razón. ¿Es o no director del Conservatorio?
-El concurso fue para nombrar un director en comisión de servicios. El plazo de la comisión de servicios se agotó, y agotado está.
- Entonces, ¿ya no es director?
-Claro que no. Incurre en una situación de nulidad porque la comisión de servicios no se puede prolongar indefinidamente. No lo digo yo, lo dice el juez en su sentencia. Es un año, máximo dos. Y acabóse la historia. El juez también dice que no se ha justificado una situación nueva, algo nuevo que explique la solicitud de la comisión de servicios. Lo que dice, simplemente, es que no se ha hecho nada. El Ayuntamiento de Avilés está expectante, no hace nada, está en una situación de pasividad inconcebible.
- ¿Quién es el culpable de todo esto?
-El Ayuntamiento. Y luego el Principado. Vamos a ver, las competencias de Educación las tiene el Principado. La Consejería de Educación tiene que explicar cómo se regulan los conservatorios municipales. Y lo tiene que hacer porque, ya digo, tiene competencias para hacerlo. Estamos en un absurdo legal. La norma dice que el director del Conservatorio -y el juez también lo dice- tiene que ser un funcionario.
- ¿Qué tipo de funcionario?
-Lo que dice la primera sentencia, la que se refiere al concurso de Raquel García, es que el puesto tiene que ser de un funcionario. Al Ayuntamiento nadie le obligó a convertir las plazas del Conservatorio en funcionarios. Podría haberlas dejado como estaban: plazas laborales.
- Explíqueme esto.
-El Ayuntamiento pasó todas las plazas de laborales a funcionarios cuando la primera sentencia, pero lo hizo porque quiso. Y así se creó un problema más gordo.
- Pero ahora ningún profesor es funcionario.
-Ya le digo que una parte importante de este lío la origina el Ayuntamiento. ¿Qué sentencia, qué ley, les obligó a transformar las plazas de laborales en plazas de funcionarios?
- Pero, ¿los profesores del Conservatorio, lo son o no lo son?
-Las personas físicas son laborales, las plazas que ocupan, sin embargo, son de funcionarios porque así lo decidió el Ayuntamiento. Por su cuenta, sin obligarle nadie. Lo hizo a raíz de la primera sentencia, la de Raquel García, la antigua directora. Lo que hizo el Ayuntamiento es pasar todas las plazas para funcionarios. Y, además, decidió que podían desempeñarlas cualquiera, de cualquier administración pública. Tenemos unos códigos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT): A1, A3 y A5. El primero es el Estado; el segundo me parece que es el Estado y la autonomía y la tercera, las administraciones locales. Pues le puso A3, así que puede venir de profesor cualquiera. Por eso amenaza con eso. Pero lo han hecho ellos. Ellos están en disposición de ir al Pleno y transformar las plazas a laborales, como estaban al principio.
- Vale. ¿Pero por qué tenemos este problema desde 2014?
-Esto viene de no haber sabido gestionar la sucesión de José María Martínez. Antes de jubilarse, Martínez había pedido seguir en el servicio activo, pero le dijeron que nanay. De haber decidido lo contrario, por lo menos en cinco años hubieran podido obviar el tema. Él quería continuar, pero le dijeron que no.
- El Ayuntamiento, ¿no?
-La Alcaldesa, Pilar Varela. Y eso que a Antonio Ripoll le dejó seguir hasta los 70 años. Así que se encuentran un problema de golpe porque si le hubieran permitido continuar ganaban tiempo para planificar la sucesión sin tener que ir a salto de mata.
- Y el problema empezó a enquistarse cuando el juez anuló el proceso por el que fue nombrada directora Raquel García.
-No lo anuló porque hubiera trampa, lo anuló porque se hizo sin publicidad: Raquel García era la persona más válida para ser la directora. Gobernaba el PSOE, Román Antonio Álvarez de concejal. Si a alguien no le gusta, es su problema. El proceso se hizo con todos los informes favorables. Lo único que dice el juez, insisto, es que no se abrió a otras administraciones, no que Raquel García no fuera apta para ser directora. Fue una cuestión de procedimiento, no de fraude en la contratación.
- Recurrieron esa sentencia.
-Sí, nosotros, el sindicato, pero también Raquel García.
- Y perdieron.
-Es cierto, pero el Ayuntamiento, que recurre todo lo habido y por haber, pasó de esa sentencia. Y eso se lo echamos en cara: se aquietó. Y un profesor del Conservatorio, el secretario del Conservatorio, fue quien pidió la ejecución de la sentencia porque no había aceptado el resultado del proceso de selección que había ganado Raquel García y al que él, Enrique García, se había presentado.
- Y entonces nos quedamos sin directora y hay que buscar un funcionario.
-No. Eso se lo han inventado ellos. La sentencia no excluye que pueda ser un profesor del Conservatorio. Tiene que ser un profesor del centro por razones obvias: por continuidad y por estabilidad en el centro.
- ¿Y cómo se soluciona entonces el lío?
-El montaje del Ayuntamiento es erróneo. Convoca plazas y cámbiame la RPT porque con la actual? Sólo hay tres laborales fijas, los demás son contratados. Además, ahora tenemos la sentencia que anula la segunda comisión de servicio. Este fin de semana voy a preparar la solicitud de ejecución. Queremos cortar por lo sano: el lunes (por hoy) presentaremos la ejecución de la sentencia que impide a Galán seguir de director. Y que no me diga la concejala de Cultura que es imposible nombrar a un director en funciones salido del Conservatorio. Lo puede hacer, puede nombrar a quien le dé la gana. Y eso no se lo puedo combatir. Siempre que aporte la experiencia de cinco años.
- ¿La ejecución de la sentencia supone el cierre del Conservatorio?
-¿Qué pasa? ¿Después de mí no hay nada? No, hombre no, no va a pasar nada. Ni con el Gobierno de Pedro Sánchez. No podemos asustar a la gente. En el Conservatorio hay gente muy competente: tengo todo el respeto hacia todo el profesorado. Eso que decía Carlos Galán el otro día en su entrevista es un insulto a todos los profesores. El Principado sí que puede nombrar en comisión de servicio, tiene la competencia.
- ¿El Conservatorio tiene que estar en el Ayuntamiento?
-El Conservatorio tenía que estar en el Principado, como la Escuela de Arte, pero, claro, eso supone pasta y el Principado huye cuando tiene que pagar. Ahí están las escuelas infantiles, que se las ha endiñado a los ayuntamientos.
