El parque empresarial que emergerá en los terrenos que ahora ocupan las baterías de coque, el PEPA 2, costará unos 40 millones de euros -tantos como el Centro Niemeyer, que alcanzó los 42-, estará operativo en 2022 y el precio del suelo será "muy competitivo". Estas son las previsiones que maneja la sociedad propietaria de los terrenos (Sepides), que pretende impulsar en los vestigios de la coquería el que será uno de los primeros polígonos sostenibles del país. El de baterías es un proyecto de "alta prioridad" para Sepides, expuso ayer su presidente, Antonio Miguel Cervera, que presentó en sociedad el plan al que la ciudad fía buena parte de su futuro. "Es un día muy especial para Avilés y su comarca. El objetivo número uno es generar actividad económica y empleo, el rejuvenecimiento de la población, y a eso dedicamos todos los esfuerzos", destacó Mariví Monteserín.

El Estado prometió ofrecer información de primera mano sobre sus planes para el suelo de baterías tras las elecciones generales y cumplió ayer su palabra. "Hemos trabajando en este proyecto durante todo 2019, pero este es el pistoletazo de salida porque acabamos de firmar el acta de entrega de las instalaciones por parte de ArcelorMittal", expuso Cervera. La firma del acta de recepción por parte de Sepides de los terrenos excedentes de la actividad de baterías tuvo lugar en el despacho de Alcaldía, con la rúbrica por parte de Antonio Miguel Cervera; de José Manuel Arias García, presidente de ArcelorMittal España y del CEO del Clúster de Asturias, Oswaldo Suárez García.

Cervera incidió en que el PEPA 2 es una pieza más del proyecto avilesino de Sepides. "No queremos trabajar solo en el área de baterías de coque. Tenemos pendientes de desarrollar 8,4 hectáreas en el AD6 (entre el fondo del polígono y Retumés, en la zona de Dolomíticos) y la propia Isla de la Innovación. Queremos ir avanzando en el desarrollo conjunto con las baterías de coque", subrayó.

El organigrama del suelo de baterías está estructurado en cinco fases y la primera se dio ayer por concluida. Capitaneada por ArcelorMittal tras el acuerdo alcanzado el verano pasado con el Estado, consistió en el apagado de la coquería, en la contención de los vertidos y en la entrega de las instalaciones en condiciones de seguridad. Los trabajos se centran ahora en la contratación del mantenimiento de las instalaciones y los servicios que hay que mantener hasta la demolición y en la vigilancia y seguridad del ámbito de actuación. Todos estos trabajos previos de seguridad y mantenimientos, la segunda en fase ya en marcha, cuestan unos 9,5 millones.

El plan pasa por comenzar el desmontaje y desmantelamiento de la coquería el año que viene, unos trabajos que se pretenden finiquitar en el primer trimestre de 2022. Los técnicos de Sepides ultiman ahora los pliegos que guiarán ese proceso, que se realizará mediante un contrato de proyecto y obra. Se quiere sacar ya licitación el mes que viene, con miras a que esté adjudicado en junio. El coste estimado del desmantelamiento y demolición, la tercera fase del croconograma, ronda los 14,5 millones a los que hay que sumar los 4,5 de la descontaminación, la cuarta fase, en la que se trabaja de forma conjunta con el Ayuntamiento y el Principado (en Sepides inciden en que son cifras estimadas, que pueden variar en función de los estudios en marcha).

El fin último es la urbanización, la quinta y una última fase en la que ya se está trabajando. Y es que previamente hay que tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para acomodar los terrenos de baterías (ahora calificados de gran industria) a los nuevos usos, unos cambios que tiene que aprobar el Pleno.