Ser concejal en el Ayuntamiento de tu ciudad, es algo que enorgullece y apasiona a partes iguales, dada la importancia que tiene el representar a tus conciudadanos y defender sus intereses junto con las ideas del partido al que perteneces.

El compaginar la propia actividad laboral con la dedicación a la política es una ardua tarea que requiere de un importante esfuerzo por parte de quiénes no se dedican en exclusiva a ella, máxime cuando no se percibe por la actividad política otra compensación económica que la correspondiente a la asistencia a Plenos y Comisiones.

En mi caso particular, compatibilizo lo mejor que puedo y con un enorme sacrificio, mi actividad profesional como abogada ejerciente y colaboradora en arias empresas familiares con mi cargo de concejala, y no menos importante con mi cuasi recién estrenada faceta de madre.

Desgraciadamente, en el pleno municipal que tuvo lugar el pasado viernes 17 de enero, cuyo principal punto del orden del día era la aprobación del presupuesto municipal, me vi obligada a ausentarme ante la coincidencia del mismo con la celebración de un juicio.

Pese a haber solicitado ante el tribunal correspondiente, en tiempo y forma, la suspensión del juicio señalado, habiendo acreditado mi imposibilidad de asistir a la vista para cumplir con mi deber público, esta me fue denegada por la secretaria judicial.

Ante dicha negativa, se le trasladó al equipo de gobierno municipal tal circunstancia, interesando la posibilidad de que la Alcaldesa en el ejercicio de sus prerrogativa cambiase la fecha del Pleno o incluso adelantara la hora de su celebración a las 09 horas, en vez de a las 10h, para asegurarme estar presente al menos en la aprobación del presupuesto municipal. Pues bien, no puedo ocultar mi sorpresa y decepción, al saber que tal petición fue también desestimada sin aducir motivo aparente de justificación.

En consecuencia, me he visto obligada a renunciar a mis deberes y obligaciones como cargo electo público, viéndome privada de ejercer mi derecho a voto en el que supone el principal debate del mandato municipal del año, gracias a la falta de sensibilidad no sólo de la autoridad judicial sino también del equipo de Gobierno, en lo que a mi juicio supone una actitud cuanto menos reprobable, de ahí mi decisión de trasladar esta información a la opinión publica.

Cabe recordar que, el desempeño de un cargo electivo local es en sí mismo, un deber inexcusable de carácter público, lo que por otra parte viene a ser consecuencia de la configuración del derecho a la participación política y del mandato representativo como un derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española.

Tal es así que, el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, reconoce al trabajador previo aviso y justificación, el derecho a ausentarse con derecho a remuneración, por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, entendiéndose como tal "el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte el interesado", según lo dispuesto en el artículo 75.6 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Me llama poderosamente la atención que, un trabajador tenga derecho a ausentarse de su puesto de trabajo con derecho a remuneración para ejercer su deber público y, que sin embargo, a una mujer trabajadora por cuenta propia se le prive de él, como así ha sucedido gracias a la rigidez de la autoridad judicial y de la máxima autoridad política de la Corporación.

Aprovecho estas líneas para denunciar mi malestar porque un colectivo tan importante y numeroso como el que integramos autónomos y profesionales trabajadores por cuenta propia, sea objeto de discriminación.

Si bien, la conciliación de la vida laboral y familiar es imprescindible, no lo es menos la de la vida laboral y política. Reducir un reto tan amplio e importante como la conciliación de estas tres facetas (familiar, profesional y política), a un comportamiento tan singular como el que exhibe algún miembro del equipo de Gobierno con dedicación exclusiva consistente en no asistir a actos y reuniones por encima de las 19 horas, evidencia no ya comprensible desconocimiento, sino una falta de empatía de quiénes deben de velar por el interés de todos los avilesinos.