La burocracia judicial obligó a aplazar ayer tres vistas programadas en el Juzgado de lo social, todas promovidas por trabajadoras de la multinacional de servicios telefónicos Konecta (con sede en Avilés) que fueron despedidas junto a otras once en junio de 2019. La juez señaló como nueva fecha el 2 de abril. El impedimento que impidió celebrar las vistas fue la falta de una documentación que, supuestamente, debiera haber sido tramitada por los órganos judiciales.
Un grupo de trabajadoras de Konecta se concentró delante del Juzgado en apoyo de las despedidas, que en su defensa alegan haber sido víctimas de un posible ERE encubierto. Este argumento ya prosperó en vistas anteriores.
