El Partido Popular de Asturias da un paso al frente ante la "inacción" del Ejecutivo de Adrián Barbón y la "falta de noticias" de la aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que prometió en campaña electoral el Gobierno de Pedro Sánchez presentando su propio plan para abaratar el recibo de la luz de grandes industrias como Arcelor, Asturiana de Zinc y Alu Iberia (antes Alcoa). Este plan de sustenta en siete puntos, todos ellos relacionados con la fiscalidad del recibo de luz.
Teresa Mallada, la presidente del PP de Asturias, ha presentado en Avilés, "la capital industrial de Asturias", la batería de medidas con la que su partido cree posible reducir el precio de la electricidad que paga la gran industria a 35 euros megawatio/hora, bastante por debajo de los 45 o 40 que anunció la Ministra de Industria, Reyes Maroto, que se podrían lograr con el proyecto gubernamental de estatuto eléctrico para los consumidores electrointensivos.
Las siete medidas del PP son las siguientes:
1. Medidas de compensación del coste de financiación de las energía renovables, como la limitación del Valor Añadido Bruto previsto en las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.
2. La ampliación de las ayudas compensatorias por coste de emisiones indirectas de dióxido de carbono para poder alcanzar el 25 % de los recaudado en la subasta de derechos de CO2 para esas ayudas.
3. La exención del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica para minorar la carga fiscal indirecta que soporta el precio de la energía.
4. la exención del impuesto especial sobre el carbón regulado en la Ley 38/1992.
5. La reducción de los peajes de transporte recogidos en las tarifas de acceso para los consumidores electrointensivos, de manera similar a lo que hacen países europeos como Alemania.
6. La exención de pagos por capacidad toda vez que se está produciendo un excedente entre lo que se recauda a los consumidores electrointensivos para que las centrales térmicas o de gas estén disponibles en caso de necesidad del sistema y lo que realmente se paga a las compañías eléctricas.
7. La exención del pago del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, dado el sobrecoste que está generar a la industria ese servicio.
