Una multa de 1.440 euros y evitar la cárcel. Esa es la pena que aceptó un avilesino acusado de guardar pornografía infantil en su teléfono móvil. El procesado, que se confesó autor de un delito de corrupción de menores, asumió también -previo acuerdo entre su defensa y la Fiscalía- un año de libertad vigilada y dos de inhabilitación para trabajar con menores en una vista celebrada en los juzgados de Avilés en la mañana de ayer.

Según el relato de la Fiscalía aceptado por el procesado, el 25 de septiembre de 2018 se encontró en su teléfono móvil diverso material pornográfico protagonizado por menores de edad. Según se pudo saber tras las investigaciones pertinentes, el material había sido obtenido a través de un programa de intercambio de archivos y la plataforma de mensajería Telegram. En su primer escrito, el Ministerio Público decía también que el material hallado en el teléfono era susceptible de ser compartido con otros usuarios en la red; si bien, el Fiscal modificó esta última parte al término de la sesión celebrada ayer y excluyó la parte de la difusión del material.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicitaba para el acusado una pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, 3 años de libertad vigilada y 5 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión que implique contacto con menores; así como al abono de las costas procesales.

Finalmente, y tras el acuerdo alcanzado entre Fiscalía y acusación particular, el inculpado no tendrá pena de prisión. Eso sí, deberá abonar una multa de 6 euros diarios durante 8 meses, lo que supone un total de 1.440 euros. Por cada dos cuotas adeudadas el condenado asumirá un día de cárcel. Además, se le condena a un año de libertad vigilada y a dos años de inhabilitación para trabajar con menores. La sentencia ya es firme.

Éste no es el primer suceso de estas características que se registra en la comarca. Tampoco el más grave. El pasado mes de mayo varias menores avilesinas denunciaron la propagación de un archivo con fotos íntimas de 55 menores en ropa interior y desnudas a través de internet. Las primeras investigaciones involucraron a varios menores de la comarca y a otros de fuera del Principado como presuntos autores de la compilación de las imágenes y su posterior propagación a través de la red. El caso está pendiente de juicio.