Las pérdidas medias globales que ha ocasionado hasta ahora el estado de alarma a las flotas de altura y bajura, a las lonjas y a los distribuidores y minoristas son, como mínimo, de un 30%. Así lo han estimado el comité de crisis del sector pesquero, integrado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).
Esa merma de ingresos sumada a la falta de financiación y a la dificultad para recibir ayudas estatales supone la pérdida de la rentabilidad y puede abocar a cierres definitivos y despidos una vez superada la crisis del COVID-19, según señala el sector. La mayoría de las lonjas permanecen abiertas desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, aunque la actividad es claramente menor que antes de la crisis. También siguen operativos la mayor parte de los distribuidores minoristas -10.000 pescaderías y 25.000 trabajadores-, pese a las dificultades tanto para abastecerse (restricciones de acceso a determinadas lonjas y "mercas") además de haber tenido que asumir los sobrecostes de los repartos a domicilio, que se han multiplicado hasta alcanzar casi el 80%.
Respecto a los precios, tras dos semanas de cierta estabilidad se percibe una caída en ciertos productos, en algunos casos por estar muy asociados al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y en otros porque las ventas de la última semana han descendido en el comercio minorista a causa, posiblemente, de que se compró más en la Semana Santa.
