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Barbón manifiesta su inquietud por la fiabilidad del comprador de Alu Ibérica

El presidente asturiano exigirá a Industria que revierta la venta en caso de que la operación, en investigación, carezca de "la adecuada seguridad"

La retirada de la lona que durante meses cubrió la fachada del Ayuntamiento de Avilés apoyando la causa de la plantilla de Alcoa, ahora de Alu Ibérica. MARA VILLAMUZA

Lejos de apaciguarse, la intranquilidad que ha generado en Asturias el inesperado cambio de propiedad de Alu Ibérica (antigua Alcoa) aumenta cada día que pasa. Ayer fue el Gobierno del Principado, por boca de su presidente, Adrián Barbón, quien admitió que sigue con "preocupación" la venta de la firma aluminera al Grupo Industrial Riesgo, sobre todo por las dudas que genera la "fiabilidad" del adquirente. Barbón aseguró que la recién creada mesa de seguimiento del proceso investiga si la operación cumple con las condiciones de seguridad adecuadas. En caso contrario, el jefe del Ejecutivo regional asegura que exigirá al Ministerio "que se revierta la venta" o la misma de haga "a otros postores en mejores condiciones".

Las dudas sobre la fiabilidad del Grupo Riesgo agravan la preocupación generalizada por la espantada del Grupo Parter, la sociedad elegida por Alcoa para hacerse cargo de sus fábricas de Avilés y La Coruña, que lejos de cumplir con su parte del trato -trabajar e invertir para recuperar la actividad productiva- ha vendido en apenas unos meses la compañía, y además con total oscurantismo. La propia Alcoa, propietaria original, ha cuestionado la legalidad de esa operación. A todo lo anterior se añaden las desalentadoras experiencias empresariales, contadas en exclusiva en este diario, que ha tenido Grupo Riesgo en su corta historia y que tuvieron finales infelices.

Ante la "gravísima situación" en la que dicen encontrarse, el comité de empresa de la aluminera avilesina manifestó ayer que "la única solución pasa por la intervención del Gobierno de España en las plantas. Para ello debe hacer uso de las herramientas a su alcance (SEPI) y exigir a Alcoa que cumpla los compromisos alcanzados en el acuerdo de venta". Los representantes de los trabajadores exigen que la "intervención estatal" se mantenga "mientras las plantas no estén saneadas y con toda su capacidad industrial operativa". Después de llevar a buen término ese proceso, "el Gobierno debe encontrar una solución definitiva para las plantas", recalcan los sindicatos.

A juicio del comité de Alu Ibérica Avilés, "ocho meses después de la venta, el inversor elegido por Alcoa y avalado por el Ministerio de Industria, Parter Capital, no ha ejecutado ni un solo punto del plan industrial presentado y comprometido durante el proceso de venta, poniendo en riesgo 600 puestos de trabajo y la viabilidad de las plantas de Avilés y La Coruña. Para más inri, a finales de febrero se produce de manera sorpresiva, secreta, confidencial y sin notificar a ninguno de los actores implicados en el proceso, la venta de las plantas a un tercero (Grupo Industrial Riesgo), sobre el cual no ha tardado en salir a la luz información sobre su dudosa solvencia y garantía". Es por todo eso que el comité de Alu Ibérica Avilés estima que el inversor elegido por Alcoa y respaldado por el Ministerio de Industria incumple todos los criterios acordados con los trabajadores y exigen al Gobierno que acusa al rescate de la empresa.

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