Las pérdidas de la empresa adjudicataria del servicio de transporte público en la comarca, la CTEA, son de orden proporcional a la distancia que recorren sus vehículos: cada vez que un autobús rueda un kilómetro la cuenta de resultados engrosa en 32,3 céntimos de euro. Así fue que en 2018 los "números rojos" fueron de 346.000 euros, la peor cifra del lustro: 416.000 en 2014, 258.000 en 2015, 65.000 en 2016 y beneficios de 112.000 euros en 2017. En paralelo a estos resultados negativos, la empresa no deja de perder viajeros, se ha quedado sin activos que enajenar para "tapar agujeros", crece su deuda y no aumentan las ayudas públicas que recibe para compensar la prestación de un servicio deficitario por naturaleza. La situación es límite y la viabilidad de la compañía está en entredicho. Esto es lo que se desprende de las conclusiones de la última auditoría de gestión realizada a la CTEA, un documento fechado en el verano de 2019 al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
Del dramatismo de la situación económica de la centenaria compañía de transportes que constituye el pilar básico de la movilidad en la comarca dan idea dos decisiones empresariales poco habituales tomadas los últimos años: la venta de activos y una "operación acordeón" (reducción y ampliación de capital simultáneas con el fin de sanear económicamente una sociedad en peligro de disolución). Con la venta de activos (naves, terrenos y una concesión de transporte) se ingresaron 650.000 euros entre 206 y 2017 que permitieron reducir las pérdidas de esos años e incluso ganar 112.000 euros el segundo de ellos. La "operación acordeón" se llevó a cabo en 2019 para restablecer el alterado equilibrio patrimonial. El socio mayoritario (Alsa) aportó 501.984 euros que permitieron "salvar" el año 2019.
Lo que vaya a ocurrir en adelante es una incógnita, si bien los auditores dejan clara una cosa en sus conclusiones: apenas hay margen para reducir costes y la única forma que conciben de mantener a flote la CTEA es aumentar sus ingresos. Dado que todos los intentos realizados para captar viajeros han fracasado en mayor o menor medida, la generación de ingresos apuntaría necesariamente a una mayor aportación del erario. Los ayuntamientos de Avilés, Castrillón y Corvera, así como el Consorcio de Transportes de Asturias, ponen dinero cada año para compensar las pérdidas de la CTEA (esta política de subvenciones está a la orden del día en el sector), pero esas cantidades no parecen bastar para evitar el declive de la compañía. El problema es peliagudo porque, mal que le pese, el Ayuntamiento de Avilés está obligado por tamaño de población a disponer de transporte público, ya sea en régimen de explotación propia (como Gijón) o mediante adjudicación a terceros.
