La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Industria pide cuentas a Alcoa por las ayudas que recibió a condición de mantener el empleo

La multinacional obtuvo 37 millones en dos años para compensar los costes de emisión de CO2 y el Gobierno se interesa por la contrapartida

El presidente del comité de la fábrica de Alu Ibérica Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, envía mensajes desde el teléfono móvil sentado en una marquesina próxima a la planta. Ricardo Solís

El Gobierno ha decidido poner el foco en Alcoa para dirimir sus responsabilidades en cuanto a la gestión de sus fábricas de aluminio primario en España, dos vendidas tras anunciar el año pasado su intención de cerrarlas (las de Avilés y La Coruña) y la tercera, la de San Ciprián (Lugo), actualmente en proceso de clausura, en todos los casos con la excusa de su falta de rentabilidad por la carestía de la electricidad. En concreto, para arrojar luz sobre lo ocurrido en las plantas avilesina y coruñesa, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, comunicó ayer a los participantes en la reunión telemática de la mesa de seguimiento del proceso de venta de las fábricas de Alcoa que el Ministerio de Industria va a iniciar un procedimiento para requerir a Alcoa que antes de 25 días entregue la información que justifique el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento del empleo, necesarios para poder recibir las ayudas por dióxido de carbono (CO2).

Fuentes ministeriales cifran en "más de 37 millones de euros" el dinero que se embolsó Alcoa por este concepto los dos últimos años, lo cual la concierte en la empresa asentada en España que salió mejor parada en ese reparto. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ya le había afeado a Alcoa en varias ocasiones, después de que plantease a finales del pasado mes de mayo el despido de más de 500 trabajadores en Galicia, que, en los últimos dos años, había recibido generosas ayudas públicas. Anteayer mismo, la Ministra cargó duro contra la multinacional del aluminio durante el pleno del Congreso: Maroto acusó a la multinacional estadounidense de no querer un plan industrial para garantizar la continuidad de su planta en San Ciprián y el empleo, asegurando que solo quiere "subvenciones, subvenciones y subvenciones". Curiosamente, este mismo reproche lo hizo en su día José Manuel Soria, quien fue Ministro de Industria del PP.

Es por ese malestar con la actitud de Alcoa que el Ministerio -y esta solución aparentemente ideada a calor de los acontecimientos de Lugo vale también para Avilés- va a iniciar el procedimiento para requerir a Alcoa información que justifique el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento del empleo, necesarios para poder recibir las ayudas por CO2, establecidos en el artículo 5 del real decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.

La secretaría general de Industria y Pyme también instó ayer a los gobiernos autonómicos -representados ayer por sus consejeros de Industria en la reunión de seguimiento de los acuerdos de venta de las fábricas de Avilés y la Coruña- para que actúen "en todos aquellos aspectos de carácter laboral, medioambiental y de seguridad industrial que sean necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad industrial en las plantas, en el marco de las competencias establecidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía".

A la reunión asistieron representantes de la Administración central, de las administraciones autonómicas de Galicia y Asturias, de la empresa Parter Capital Group, de los sindicatos de industria de Galicia y Asturias y de los comités de empresa de las plantas de Avilés y La Coruña. Raúl Blanco explicó que una vez conocida la información requerida a Alcoa el Ministerio actuará si ve anomalías o detecta el incumplimiento de los acuerdos "pero no han dicho lo que harían en ese caso", lamentaron los interlocutores sindicales de la aluminera avilesina. El Principado, por su parte, se ha comprometido a inspeccionar las instalaciones de la planta de San Balandrán para evaluar su estado y el cumplimientos en materia medioambiental.

La impresión que sacaron de la reunión los miembros del comité de empresa de Avilés fue bastante pobre: las explicaciones que dieron los directivos de Parter sobre las razones que les llevaron a revender las fabricas a Riesgo (que confiaban en su capacidad para sacar adelante un proyecto de regeneración industrial basado en el "aluminio verde") no les convencieron y el requerimiento a Alcoa para que justifique las ayudas por CO2 "las valoramos, pero las vemos insuficientes ya que está claro que Alcoa no buscó un proyecto industrial sino que lo que hizo fue un cierre en diferido a dos años vista con un socio liquidador y, además, los nuevos dueños tienen dudosas intenciones y no dan prueba alguna de su solvencia". Por todo eso, los sindicatos trasladaron a Industria que la única alternativa es que actúe con la SEPI e intervenga las plantas para buscar un proyecto solvente "pasando la factura a Alcoa como responsable de la situación".

Compartir el artículo

stats