Hay pasado 289 días desde que el llamado caso Niemeyer quedara visto para sentencia, casi siete años después de que llegara a los tribunales a instancias de la exconsejera de Cultura y actual alcaldesa de Gijón, Ana González. Decenas de testigos pasaron ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 15 de septiembre de ese año. Todo, para arrojar luz sobre una presunta trama fraudulenta que sentó en el banquillo de los acusados al exdirector del Niemeyer, el dramaturgo Natalio Grueso; a su amigo José María Vigil, exagente de viajes; a la que fue su esposa, Judit Pereiro y al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo. Tras 26 sesiones en las que acusados, peritos y testigos expusieron sus tesis el tribunal tuvo en sus manos estos nueve meses largos todo el material -con un confinamiento y una pandemia sanitaria de por medio- para dictar sentencia.

Las primeras voces que salieron ayer ponían en tela de juicio, de un lado, la severidad de la pena aplicada y del otro, lo escaso del castigo para los acusados habida cuenta del "expolio" que, para algunos, sufrió el centro.

Las defensas apelaban a la naturaleza privada de la Fundación Niemeyer para desmontar el delito de malversación que se juzgaba y que, sin embargo, las acusaciones, veían probada.