El magistrado David Ordóñez Solís, del Juzgado contencioso-administrativo número 4 de Oviedo, requirió ayer a la presidenta de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés, la edil socialista Yolanda Alonso, para que en el plazo máximo de cinco días informe del cumplimiento del auto de fecha 22 de junio de 2020 que en su parte dispositiva exhorta al Ayuntamiento de Avilés a destituir "de inmediato" al director del Conservatorio "Julián Orbón", Carlos Galán, por constituir una ilegalidad su continuidad en un cargo para el que solicitó una comisión de servicio cuyo plazo expiró en 2019. El juez apercibe a Alonso de la imposición de "multas coercitivas" en caso de incumplimiento de la petición informativa y añade que las mismas serían "en los términos solicitados por la parte ejecutante", esto es, el sindicato USIPA: 1.500 euros de sanción, más 300 euros por cada día hasta que sea efectivo el cumplimiento de la sentencia, con el añadido de la petición de las responsabilidades penales que pudieran corresponder por desacato.
El sindicato USIPA, representado a estos efectos por el abogado Manuel Mendoza, lleva el peso de la acción judicial contra la Fundación Municipal de Cultura de Avilés por su "contumacia" en mantener de forma ilegal a Carlos Galán en el cargo de director del Conservatorio y contra Yolanda Alonso en persona por un supuesto delito de prevaricación (dictar una resolución en un asunto administrativo a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley).
Este diario, precisamente, ha tenido conocimiento de un escrito que presentó Yolanda Alonso a modo de impugnación de un recurso de reforma de USIPA con el que la organización trató de hacer valer su derecho a ejercer la acusación popular en caso de que prospere la demanda por prevaricación contra Alonso. La edil rechaza tal pretensión sobre la base de que USIPA "confunde interesadamente el cargo de director con el puesto de un profesor cubierto mediante comisión de servicio" y hace extensivo su rechazo a la figura de la exdirector del centro, Raquel Díaz, en cuya destitución "legal a todas luces", recalca la edil, estriba el origen de actual culebrón judicial.
