¿Por qué aquella fatídica tarde del 25 de julio de 2017 Izan Álvarez murió ahogado en la piscina de la granja-escuela de La Bouza, un centro hasta entonces de prestigio que dio nombre a Soto del Barco incluso fuera de Asturias? La respuesta a esta pregunta es casi lo único que mantiene en pie a Elena Pérez, la madre de aquel niño que cuando sucedieron los hechos tenía 5 años. Esta mujer dice "vivir una agonía" y suplica por que se agilice el proceso judicial: "Son tres años de agonía, desesperación y olvido de mi niño".
Hasta ahora hubo muchos días de espera, pero todo apunta a que la próxima semana se dictará el auto de apertura del juicio oral. Eso no significa más que un trámite legal adelante de cara a un juicio que, según el letrado que defiende los intereses de la familia, Óscar González, se celebrará previsiblemente en los primeros meses de 2021. Elena Pérez y su marido, Miguel Álvarez, tienen claro qué ocurrió, pero la sentencia debe dictarla un juez.
Izan Álvarez Pérez tenía 5 años cuando el infortunio se cruzó en su camino. Aquella terrible tarde del 25 de julio de 2017, el pequeño murió ahogado en la piscina. Esta es, para la familia del niño, la primera irregularidad: la documentación que está en posesión de la jueza de Pravia recoge que los padres del pequeño, a la hora de hacer la matrícula, advirtieron por escrito al centro de que el pequeño tenía "miedo al agua". El menor fue hallado inconsciente flotando por una trabajadora del complejo a las 16.30 horas.
La documentación que ahora está en manos de la magistrada praviana recoge también que la piscina carecía de socorrista, a pesar de que la normativa impone este servicio para una instalación de sus características, y tampoco tenía licencia municipal de apertura, cuando llevaba en funcionamiento dos décadas y media. Así lo recogen sendos informes remitidos por la Guardia Civil y por el Ayuntamiento de Soto del Barco, a los que tuvo hace dos y medio acceso este periódico. Los investigadores destacan también "la falta de barreras" entre la piscina pequeña, destinada a menores que no saben nadar, y la grande. La investigación concluye que la granja-escuela carecía de seguro de responsabilidad civil y que una de las dos monitoras al cargo de 17 niños estaba en prácticas.
Elena Pérez y su marido, Miguel Álvarez, piden que el proceso judicial se agilice. Ella perdió a su hijo estando embarazada de seis meses de su hija. Pero nada es como era. Los padres de Izan Álvarez anhelan una respuesta que les aclare qué le pasó a su hijo, enterrado hace ya tres años.
