El Ayuntamiento de Avilés dio la espantada como accionista de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA), la adjudicataria del servicio de transporte público en la comarca, justo cuando más le apretaba la soga financiera a la empresa. Ocurrió en agosto de 2019 y la circunstancia de la salida del Consistorio avilesino del capital, según se explica en la auditoría realizada a la empresa por expreso deseo municipal, fue la realización de una "operación acordeón". Tal maniobra financiera se lleva a cabo cuando una empresa ha sufrido tales pérdidas en su cuenta de resultados que su patrimonio neto se reduce por debajo del mínimo exigido legalmente y la sociedad entra en una situación de disolución obligatoria. Para no disolver la empresa y poder sanear las cuentas se hace la "operación acordeón": la empresa reduce su capital social a cero para compensar su endeudamiento y sanear su balance e inmediatamente lleva a cabo una ampliación de capital para captar nuevos recursos y continuar con su actividad.
El Ayuntamiento de Avilés fue titular del 12,275 por ciento del capital de la CTEA hasta el 5 de agosto de 2019; Grupo Alsa tenía entonces el 87,15 por ciento de las acciones y socios minoritarios, un 0,575 por ciento. En mayo de 2019, la junta general de accionistas aprobó las cuentas de 2018, deficitarias como las de los siete años anteriores, y propuso la "operación acordeón" para devolver el equilibrio financiero a la sociedad, que a esas alturas de su trayectoria y acosada por las pérdidas sistemáticas ya había enajenado la casi totalidad de su patrimonio (naves y terrenos) y activos como la concesión de la línea de transporte a Candás. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Avilés desistió de concurrir a la suscripción de las nuevas acciones y se "borró" de la propiedad de la empresa que presta el servicio público de transporte por carretera en la comarca.
La aportación dineraria que tuvo que hacer Grupo Alsa (a través de la sociedad Proyectos Unificados, S. L. U. para restituir el capital de la CTEA totalizó 501.984 euros. Al no concurrir el Ayuntamiento, Alsa se convirtió en la dueña única de la compañía. En caso de haber querido mantener su antiguo porcentaje accionarial -y de ese modo su derecho a formar parte del consejo de administración de la CTEA-, el Ayuntamiento de Avilés tendría que haber desembolsado 61.618,54 euros. La empresa comarcal del bus volvió a cerrar 2019 con pérdidas, siguiendo la tónica de la última década.
La zozobra económica de la CTEA tiene su origen, según el informe de los auditores, en el déficit endémico del servicio que presta y en la baja cuantía de las ayudas que recibe. Según acreditan los expertos en la materia, el transporte público urbano no es rentable en ninguna parte de España y solo las ayudas que inyectan las administraciones permiten subsistir a las empresas operadoras. En el caso de la CTEA, las aportaciones públicas para paliar los déficits suponen el 1% de los ingresos de la compañía o, al menos, eso cifran los auditores. En este sentido, la comparación es odiosa: la aportaciones públicas a las empresas del sector representan, de media, el 50% de los ingresos; es decir, que las administraciones contribuyen al sostenimiento de las compañías de transporte con tanto dinero como el que ingresan por venta de billetes, que en el caso de la CTEA fueron 1,08 millones de euros en 2018.
