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El gobierno avilesino sopesa cambiar el plan urbano para incentivar el desarrollo de vivienda

"Tenemos que adaptarnos a la nueva situación poscovid y al urbanismo moderno, nuestro PGOU es de 2006", argumenta el edil Manuel Campa

Terrenos de Gaxín en una imagen tomada desde La Carriona.

Terrenos de Gaxín en una imagen tomada desde La Carriona. RICARDO SOLÍS

El gobierno avilesino sopesa hacer cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impulsar el desarrollo de viviendaen el municipio. La última revisión del documento maestro que orienta el urbanismo local se aprobó en 2006, en una época de fuerte demanda antesala del posterior estallido de la

"Tanto la situación económica de la última década como el comportamiento de la sociedad actual no encajan con las bolsas de suelo que tenemos previstas. Vamos a hacer un análisis de cómo está eso y cómo podría reordenarse. El Ayuntamiento, además, tiene compromisos con la Agenda 2030 que incluye un urbanismo y una ciudad más sostenible", argumenta el concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, el socialista Manuel Campa.

Más de la mitad de las viviendas previstas en 2006 se localizan en 16 sectores de suelo urbanizable residencial y algunos de estos sectores iban acompañados de convenios urbanísticos que pretendían garantizar su pronta ejecución. En otros casos se trataba de desarrollos urbanísticos vinculados a alguna infraestructura de interés para el municipio pero para la que la administración no disponía de recursos, por lo que se pretendía financiar con las plusvalías derivadas del urbanismo.

Desde la aprobación de la última revisión del Plan General, solo tres planes parciales entraron en vigor: Gaxín (UZ PR-1), La Llamosa (UZ R-5) y Heros (UZ R-8). Pese a tener la consideración de prioritario, el de Gaxín lleva paralizado desde 2012, cuando se aprobó el proyecto de actuación, y sigue sin constituirse la junta de compensación pese a varios requerimientos. Sí que se constituyeron las juntas de compensación en los otros dos planes mencionados y, "aunque muy lentamente, se van ejecutando".

En este tiempo despertó interés el desarrollo de los sectores residenciales de La Luz (UZ R-15) y La Lleda (UZ R-6), pero pese a obtener aprobación definitiva no llegaron a entrar en vigor al no conseguir la constitución del aval en concepto de garantía de los gastos de urbanización. También arrancó el plan para La Cruz de la Hoguera (UZ-R9), que se quedó en la aprobación inicial, un trámite que ni siquiera salvaron el plan de Bao Sur, en Miranda (UZ R-10), que se presentó en 2018; ni el de La Atalaya (UZ R-1), junto a Jardín de Cantos.

Especial atención merece para el Ayuntamiento el plan de Gaxín, aprobado en el Pleno en junio de 2006 como prioritario. Afecta a una extensión de más de un millón de metros cuadrados, abría la puerta a la construcción de más de 3.500 viviendas y la ejecución de infraestructuras por valor de unos 45 millones de euros. Se trata de una única actuación y en el Ayuntamiento sospechan que la propiedad mayoritaria puede corresponder ahora a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Los técnicos municipales son escépticos con las posibilidades de desarrollo de Gaxín bajo las condiciones de la revisión de 2006 teniendo en cuenta la actividad inmobiliaria actual.

Los posibles cambios en el suelo urbanizable no solo están relacionados con una actualización de la oferta y demanda de vivienda o del nuevo contexto económico. También toca añadir los criterios de sostenibilidad que contempla para la vivienda y el desarrollo urbano sostenible la Agenda 2030. El Ayuntamiento contratará el estudio (está presupuestado en unos 18.000 euros) a personal especializado dada la carga de trabajo del personal de los servicios técnicos municipales.

"Con este estudio veremos si es oportuno o conveniente mantener la delimitación de todos los sectores, si se puede o debe dividir, reducir o incluso suprimir y desclasificar, total o parcialmente, algún sector de suelo urbanizable, transformándolo en suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado. También se analizará cómo se repartieron las cargas con el Ayuntamiento y las consecuencias económicas y legales de todo eso", explica Manuel Campa.

Así, el informe aclarará las indemnizaciones que, en su caso, pudieran acarrear los cambios sobre los planes previstos en 2006 y si hay que exigir responsabilidades a los propietarios de terrenos que suscribieron convenios con el Ayuntamiento y que hayan incumplido sus estipulaciones. En el supuesto de desclasificar algún sector entero o parte de alguno de ellos, también se estudiará la incidencia que puede tener sobre la calificación y el futuro de los sistemas generales de zonas verdes y de espacios libres adscritos o adquiridos.

"A partir de ese estudio, decidiremos de manera informada si vamos a una reforma del Plan General o no. Se trata de un cambio muy importante, de un desarrollo más adaptado al nivel de crecimiento de la ciudad, de avanzar hacia el urbanismo moderno que contempla más zonas verdes y equipamientos, menos concentración de vivienda, más servicio al ciudadano", ahonda el concejal de Urbanismo.

El gobierno local cree que esos posibles cambios pueden facilitar a los promotores el desarrollo de actuaciones, poniendo en marcha "planes más pequeños y adaptados a lo que la ciudad demanda". "Esos planes se hicieron en la época en que en España se construían más viviendas que las que sumaban Francia y Alemania juntas. Eso no se corresponde con lo que tenemos ahora", concluye Campa.

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