La Fundación del Centro Niemeyer descarta recurrir la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que condena al exdirector de la entidad, Natalio Grueso, a ocho años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil durante su etapa al frente del proyecto cultural avilesino. Los actuales gestores del complejo han acordado por unanimidad no recurrir al Tribunal Supremo y la acusación particular sigue así los mismos pasos que la Fiscalía, que tampoco acudirá al alto tribunal, como publicó este periódico a finales del pasado julio.
Los tres condenados por el "caso Niemeyer" anunciaron formalmente hace dos semanas que presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El letrado de Grueso, Fernando Burgos, considera que el fallo es "contrario a derecho". Aprecia un error en la valoración de la prueba, quebrantamiento de forma y cree que el Tribunal no resuelve en la sentencia todos los puntos que fueron objeto de defensa.
También formalizaron el anuncio de recurso el agente de viajes José María Vigil (está representado por el letrado Antonio Pineda) y el exsecretario de la entidad, el abogado José Luis Rebollo. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial condenó a Grueso a ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación en concurso con otro de falsedad documental, impuso 7,5 a Vigil por un delito de estafa en concurso con otro continuado de falsedad en documental mercantil y concluyó que José Luis Rebollo, exsecretario de la Fundación, cometió un delito continuado societario y le impuso dos años de prisión. Quedaron absueltos la exmujer de Natalio Grueso y el exjefe de producción del Niemeyer, al que la Fiscalía ya retiró la acusación en la última sesión del juicio que se celebró a lo largo de varios meses en la Audiencia Provincial, en Oviedo.
La Fundación ha estado representada en el "caso Niemeyer" desde que se presentó la denuncia por el letrado Alejandro Riera, que pedía en concepto de responsabilidad civil más de un millón de euros a los procesados o, de forma subsidiaria, a la agencia de viajes para que la que trabajaba Vigil (la empresa también ha anunciado recurso). El tribunal de la Sección Tercera cifró la responsabilidad civil en 115.271 euros.
