El contrato de compraventa de los seis millones de acciones de las empresas filiales de Alcoa Inespal Group al fondo Parter Capital Group recoge la prohibición de la venta de las mismas "a un tercero" y, sin embargo, esa venta se produjo: esta pasada primavera. A la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo.
La cláusula 8.9 del contrato de traspaso prevé las condiciones que deben seguir las dos partes (Alcoa y Parter) durante "el período de protección", que es el que va desde el cierre de la operación (31 de julio de 2019) a su segundo aniversario (31 de julio de 2021). Se advierte que el comprador (Parter) "no puede cerrar, transformar, desinvertir total o parcialmente o de otra manera, interrumpir el negocio como se estaba llevando a cabo en la fecha de cierre", o sea, que durante dos años las plantas tienen que seguir haciendo aluminio. El caso es que desde que se cerró la operación la empresa Alu Ibérica ha dejado de producir en la misma medida que lo estaba haciendo cuando estaba en manos de la multinacional hasta tal punto de que, en al menos dos ocasiones, han tenido que interrumpir la producción totalmente. Los trabajadores lo han denunciado en varias ocasiones de manera pública y ante la Inspección de Trabajo.
Sin embargo, otro apartado del punto 8.9 es el que destaca sobremanera: el que recoge que no está permitida la venta "a un tercero" o a una filial del comprador. Cuando se desveló que Parter había vendido el 74,9 por ciento de las acciones de las dos sociedades filiales de Alcoa Inespal Group declaró públicamente que había "notificado a Parter que la operación de venta de la mayoría accionarial en las plantas incumple el acuerdo adquirido". Esto lo dijo el 24 de abril de este año.
El 7 de junio, sin embargo, el criterio de la multinacional había cambiado. Una portavoz dijo que Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo se habían "comprometido a mantener los términos del acuerdo de venta de las plantas de Avilés y La Coruña". Como resultado de este anuncio la multinacional procedió a "liberar los fondos que se depositaron en una cuenta de depósito en garantía a nombre de las sociedades de Alu Ibérica". Esos depósitos, según se recoge en el contrato de compraventa al que ha tenido acceso este periódico, fueron de cinco y cinco millones de euros (los primeros para la planta de Avilés y los segundo para la de La Coruña). Estas cantidades forman parte del compromiso adquirido por Alcoa para financiar el desprendimiento de dos de sus fábricas (el precio de venta final fue de 0,85 céntimos, tal como desveló LA NUEVA ESPAÑA), según la multinacional, con pérdidas millonarias.
La cantidad total comprometida por Alcoa fueron 46 millones de euros a repartir en un período de doce meses, los primeros desde el cierre de la operación, es decir, hasta el pasado 31 de julio. Este dinero tenía que haber servido, según se lee en el contrato de traspaso, para "proporcionar capital de trabajo al negocio".
A esta cantidad sumó 10 millones más "para inversiones hechas en la compañía". Según la tabla recogida en el documento de transacción, la multinacional ya ha abonado a los actuales gestores de Alu Ibérica un millón de euros. El segundo plazo será de tres millones y debería estar abonado a finales de octubre. Así, trimestre a trimestre, hasta acabar el "período de protección" o de tránsito.
Mientras esto se ha desarrollado, la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo es la que ha tomado las decisiones sobre el devenir de las dos fábricas. Lo ha hecho tratando de convencer a trabajadores, sindicatos y autoridades políticas nacionales y regionales de que su plan de trabajo es el óptimo.
