Los agentes de la Guardia Civil y los inspectores de trabajo se quedaron ayer de nuevo solos a la hora de denunciar la presencia de trabajadores sin asegurar en el club de alterne Tentaciones, ubicado en Vegarrozadas, Castrillón. Hace dos años, el dueño del establecimiento, José Luis Lazcano, fue absuelto de un delito similar al considerar la Audiencia Provincial. En esta ocasión, el fiscal, que pide cinco años de cárcel para el empresario y la clausura de las instalaciones durante un periodo de tres años, llamó a declarar a once empleadas irregulares identificadas hace tres años, pero finalmente solo se presentaron tres y su versión chocó con lo declarado en su día tanto a los efectivos de la Benemérita como a los inspectores. "Ese día no estaba trabajando, estaba solo tomando algo, de fiesta", coincidieron en declarar en la Audiencia dos de las comparecientes, mientras una tercera optó básicamente por recurrir al "no recuerdo".

El procedimiento judicial es el resultado de una inspección realizada conjuntamente por la Guardia Civil e Inspección de Trabajo la noche del 27 de junio de 2017. Aquella noche fueron identificadas por los agentes desplazados once trabajadoras de alterne sin contrato, de las cuales cuatro se encontraban, además, sin permiso de trabajo en España. Todas ellas admitieron en sus declaraciones iniciales bien ejercer la prostitución o trabajar como camareras en el local, pero una vez llegado el juicio, ninguna lo ha ratificado.

El propio dueño del establecimiento, que ya fue condenado en 2017 a seis meses por un delito similar y hace dos años resultó absuelto tras una segunda acusación, negó de manera tajante los cargos. Preguntado por su propio letrado, el abogado José Ramón Nistal, por cuántas empleadas estaban sin asegurar en su negocio respondió sin rodeos: "Ninguna". Su intervención se limitó prácticamente a esa palabra, pues declinó responder a las preguntas del representante del ministerio público.

Por la sala de vistas desfilaron tres guardias civiles y dos inspectores de trabajo. Todos ellos aportaron unos testimonios muy similares. "Todas llevaban ropa excesivamente sugerente: pantalones muy cortos, grandes escotes y tacones enormes", manifestó una agente para explicar los motivos que le llevaron a interpretar que las mujeres identificadas estaban esa noche trabajando en el establecimiento. Asimismo, explicaron que las propias mujeres relataron cómo cobraban una parte proporcional de lo facturado por el local. Concretamente, señalaron que ellas recibían 20 euros de los 30 cobrados a los clientes por cada copa y que para otros servicios -supuestamente sexuales- el propio negocio establecía cantidades a abonar por parte de las trabajadoras.

El abogado defensor interesó la libre absolución de su cliente. Nistal subrayó que las declaraciones de los funcionarios no suponen por sí solas una prueba de carga para acusar a su cliente y dio por hecho que las supuestas trabajadoras irregulares firmaron sus partes de declaración "por miedo a tener problemas policiales", pese a no estar de acuerdo con los mismos.

El fiscal, por su parte, dejó entrever que las contradicciones de las testigos respecto a las declaraciones previas respondían a una estrategia por parte de la defensa para evitar la ratificación de las acusaciones recogidas en su día por los funcionarios desplazados al club de alterne.