La capacidad de los gestores de Alu Ibérica para sorprender -y crispar- a los representantes de los trabajadores parece no agotarse. Al cúmulo de tensiones generado por los reiterados incumplimientos de asuntos regulados en convenios, se unió ayer la inesperada comunicación de que la empresa tiene la intención de abrir un expediente sancionador a cuatro dirigentes sindicales -uno por organización- como presuntos inductores de las concentraciones que tuvieron lugar el pasado junio en el acceso a la factoría de San Balandrán. La compañía califica los hechos como "muy graves", lo que podría acarrear sanciones a tono, como incluso el despido.
"Lo asombroso de este anuncio, aparte de que sea la primera vez en la historia de la fábrica que la dirección se plantea sancionar a delegados sindicales por el ejercicio de un derecho laboral fundamental, es que la reunión en la que se comunicó la intención de abrir los expedientes fue convocada con el supuesto ánimo de limar asperezas, incluso se nos transmitió que la empresa quiere volver a tener 'una buena relación con el comité de trabajadores'. ¡Pues vaya forma de demostrarlo!", manifestó contrariado el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz, uno de los "cabecillas" de las concentraciones que Alu Ibérica quiere depurar.
Las organizaciones sindicales condenan la "táctica amedrentadora" de Alu Ibérica y defienden la legalidad de unas movilizaciones que contaban con el visto bueno de la autoridad civil y que tenían como objetivo expresar el malestar de los trabajadores por la falta de avances para sacar la fábrica avilesina del aluminio del atolladero en el que se encuentra: disminuida de actividad y sin perspectivas de futuro.
