Las cinco empresas consignatarias que operan en el puerto de Avilés y los estibadores fumaron ayer la pipa de la paz tras una semana tratando de llegar a un acuerdo que devuelva la calma laboral a los muelles. Tal acuerdo, finalmente, se materializó en un borrador al que ayer de tarde dio el visto bueno de forma unánime la asamblea de trabajadores de la estiba. A grandes rasgos, los empresarios desisten de disolver la sociedad gestora de la estiba (el Centro de Empleo Portuario o CEP), los estibadores hacen concesiones en materia de organización del trabajo -lo que presumiblemente se traducirá en ahorro de costes para las empresas- y la plantilla de estibadores (ahora formada por 32 personas) será reforzada con diez nuevas incorporaciones.
Además de lo anterior, se ha convenido la aplicación de un plan de reposición del personal de forma que las bajas que se produzcan (por ejemplo por jubilaciones) sean reemplazadas de inmediato con nuevos trabajadores. De este modo se espera reducir la eventualidad -lo cual era una aspiración del comité de empresa- y lograr una estabilidad laboral en la franja de una plantilla de 42 trabajadores.
Según un portavoz del Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias (el único con representación en el comité), "el acuerdo finalmente logrado es satisfactorio para todas las partes, incluido el Puerto de Avilés". Precisamente el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, fue una de las personas a las que ayer quisieron agradecer los estibadores su "predisposición, accesibilidad y ayuda" para que la negociación con las empresas consignatarias concluyese de forma positiva.
Este agradecimiento se hizo extensivo al servicio asturiano de mediación laboral (Sasec), que fue donde la semana pasada comenzó a fraguarse el acuerdo finalmente materializado ayer y donde, dentro de unos días, se rubricará el documento que devuelve la paz laboral al puerto de Avilés.
Medios empresariales consultados por este diario destacaron que los términos del acuerdo finalmente alcanzado coinciden "en un 90 por ciento" con los de un preacuerdo negociado en julio y que los estibadores se negaron a firmar entonces. Para las empresas, el objetivo prioritario era reducir costes de mano de obra y creen que podrán lograrlo al asumir ahora potestades más amplias que las que tenían en materia de organización del trabajo en los muelles.
