La operación de compraventa de las fábricas de aluminio de Avilés y en La Coruña -cerrada el 31 de julio de 2019- ha llegado a la Audiencia Nacional. La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha presentado una denuncia en los juzgados centrales porque considera que la multinacional Alcoa, el fondo suizo Parter Capital Group (con el nombre de Blue Motion Technologies Holding AG) y la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo (a través de su sociedad instrumental System Capital Management) pertenecen "a un grupo criminal".
Para los denunciantes, las tres sociedades cometieron una "estafa" de manera organizada y han desarrollado una gestión empresarial cuyo fruto es "una insolvencia punible". Asimismo, la federación de sindicatos denunciantes considera que el "grupo criminal" es autor de "una apropiación indebida". Todo esto, además, atentando contra los derechos de los trabajadores. La denuncia de la CCP, a la que pertenece la Asociación de Profesionales de Cuadros (APC), representada en las fábricas de Avilés y La Coruña, tiene que ser admitida a trámite en Madrid en los próximos siete días para prosperar. Las centrales sindicales Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) ya han manifestado su adhesión a la denuncia.
"La querella insta a la fiscalía a que investigue el plan maquinado por los querellados que consistía en trasladar la titularidad de estas dos fábricas [Avilés y La Coruña] a un fondo inexistente denominado, Grupo Industrial Riesgo, a través de System Capital Management, sin histórico financiero y sin la solvencia necesaria para desarrollar la actividad industrial, poniendo en riesgo inversiones superiores a 40 millones de euros comprometidos por Alcoa", apuntan desde la Confederación de Cuadros y Profesionales.
Y es que los trabajadores consideran que la operación comercial llevada a cabo, primero entre Alcoa y Parter Capital y, posteriormente, entre ésta y la firma comercial Riesgo -con el aval del Ministerio de Industria- fue "irregular". "Debido a esta operación y a su gestión están en riesgo la continuidad de más de 600 trabajadores y una importante afección en las comarcas donde se encuentran situadas las fábricas", apostillan.
La denuncia de los cuadros tiene forma de querella criminal. Se ha presentado en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional "al encontrarse afectados los sindicatos y trabajadores de los centros de trabajo que fueron de Alcoa Inespal en La Coruña y en Avilés".
Para los trabajadores, que buscan ejercer una acusación particular, las empresas urdieron "un plan para hacerse con el control de las dos fábricas de Avilés y La Coruña mientras se estaba negociando una solución para evitar un Expediente de Regulación de Empleo comunicado por la dirección de Alcoa en octubre de 2018 y que afectaba a 688 trabajadores de las dos plantas y que, a todas luces, ha resultado ser un presunto fraude".
Añaden: "Con carácter previo a la compra, Parter Capital Group y su fondo Blue Motion Technologies Holding AG habían constituido dos sociedades unipersonales de cartera y tenencia de activos -Alu Holding AC Spain y Alu Holding Avl 2019 Spain- con un capital social de 3.000 euros cada una de ellas, como sociedades pantalla que protegiesen al comprador de eventuales responsabilidades patrimoniales, convirtiéndose en titular de Alu Ibérica AC S. L. (la antigua fábrica de Alcoa en La Coruña) y Alu Ibérica AVL (la fábrica de Alcoa en Avilés), con un capital social de 3 millones de euros cada una de ellas".
Según indican desde la CCP, en la querella criminal se llega a la conclusión de que "nunca tuvieron intención de aplicar el plan industrial comprometido con los trabajadores". Y esta afirmación la pretenden probar en el hecho de que "no se haya realizado hasta la fecha ninguna de las inversiones previstas en el plan estratégico del acuerdo de venta, condenando a las empresas a su desaparición y abocando a los trabajadores a acudir al Fogasa para poder cobrar el subsidio de desempleo".
Por otra parte, Alu Ibérica explicó su postura ante la anulación de una reunión que se había concertado con el comité de empresa este martes y a la que no acudieron los trabajadores porque no se han solucionado una serie de agravios que van desde la apertura de tres expedientes a trabajadores cerrados con sanción y cuatro a sindicalistas, todavía sin solución. La empresa, que no menciona en sus nota los tres expedientes cerrados por hablar con una inspectora de Trabajo, señala: "A juicio de la dirección de Alu Ibérica [esto] refleja cómo el comité de empresa antepone sus intereses particulares a los del conjunto de trabajadores a los que dice representar".
