Los secretarios comarcales de Comisiones Obreras (CC OO), Unión Sindical Obrera (USO) y el de la federación de metal de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT) tienen claro que la solución a la crisis abierta en las instalaciones alumineras de Avilés y La Coruña es la "expropiación", es decir, "para mantener un sector esencial de la economía, el Estado debe hacerse con el control del accionariado de la empresa, echar a Riesgo, devolver la producción a su seno y, después, vender un porcentaje de sus participaciones", señaló José Manuel Rodríguez Baltar, el líder comarcal de CC OO. Y es que los acontecimientos consecuentes de la gestión de la empresa Alu Ibérica por parte de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, dirigida por David Domenech, ya han pasado de la raya de la paciencia marcada por los trabajadores.
Y esto es así porque a la querella criminal de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra las empresas concernidas por el traspaso de las fábricas alumineras de Avilés y La Coruña (aparte de Riesgo, Alcoa y Parter) se suma ahora una denuncia del comité de empresa de la planta gallega ante la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada. Tanto la querella como la denuncia cuentan con la adhesión de las federaciones nacionales de industria de los sindicatos principales (CC OO y UGT).
La denuncia de los trabajadores gallegos, aparte de ir contra las empresas presuntamente implicadas, se dirige contra sus representantes, es decir, contra los directivos que participaron en la operación que llevó a los trabajadores de Alcoa a serlo luego de Partes y, ahora, de Riesgo. "Solicitamos al Ministerio Fiscal que investigue y abra las actuaciones necesarias en el marco de la acción penal contra la totalidad de los denunciados", se lee en la nota emitida desde La Coruña. Como los cuadros, los trabajadores consideran que los implicados han cometido estafa, insolvencia punible, apropiación indebida y un delito contra la seguridad de los trabajadores. También reclaman que se investigue si los denunciados pertenecen a un grupo criminal.
La entidad comercial Grupo Industrial Riesgo decidió ayer no manifestar opinión alguna "hasta no conocer el contenido tanto de la querella criminal como de la denuncia ante fiscalía", señaló uno de sus portavoces. Quien sí que lo hizo fue el Consejero de Industria, Enrique Fernández, que lo hizo en Oviedo al término del Consejo de Gobierno. Dijo: "Reiteramos nuestra desconfianza en las acciones emprendidas por los actuales gestores y entendemos que, ante un proceso en el que se han producido acuerdos entre partes privadas, no es descabellado que tenga que ser la vía judicial la que dilucide si eso se ha producido de acuerdo a derecho. Respecto a las decisiones de los trabajadores en defensa de sus intereses legítimos, no tenemos más que decir que comprendemos que el cauce de los acontecimientos ha podido abocar a esta situación", apuntó.
La situación en las instalaciones toman un cariz de un tamaño espectacular: quedan unos pocos meses para que concluya el acuerdo de compraventa. "La única solución es la intervención, que busquen la fórmula que sea, pero que termine ya esta situación", reclamó Daniel Cuartas, que es el secretario comarcal de la FICA-UGT y, asimismo, miembro del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés. La intervención tiene que ser pronta: "Como la que están negociando para Duro Felguera o Alcoa en San Ciprián", señaló José Manuel Rodríguez Baltar. "Esta sinrazón tiene que acabar: está claro que lo único que pretendieron es hacer una operación especulativa", señaló Israel Castro, el secretario comarcal de USO en Avilés. "El Estado tiene que intervenir y entender de verdad que el aluminio es un sector esencial".
Por otra parte, fuentes sindicales de Alu Ibérica denunciaron ayer "el hacinamiento" al que se ven sometidos siete empleados de oficinas recién llegados a la fábrica. Según denuncian, la dirección de la compañía "los ha juntado" a todos en un despacho de unos "veintitantos metros cuadrados" y han instalado los ordenadores de tal manera que la media docena de trabajadores están "de cara a la pared, como castigados". Además, la separación física requerida como consecuencia de la pandemia, dicen estas mismas fuentes, "no se cumplen".
Esta decisión de juntar a esta media docena de trabajadores "no tiene explicación": el edificio de oficinas está lleno de despachos vacíos y cerrados con llave (la primera medida de Riesgo fue esa: cambiar cerraduras).
