A mediados de abril de este año de pandemia, en medio del primer confinamiento, saltó la noticia: los suizos del fondo de capital Parter Capital Group habían hecho las maletas, se marchaban de Alu Ibérica, la empresa que tenía que haber heredado la tarea que llevó a cabo la multinacional Alcoa desde mediados de los noventa en la orilla avilesina de San Balandrán. La crisis del sistema eléctrico fue la excusa de los norteamericanos para, primero, amenazar con el cierre y el despido colectivo de más de medio millar de personas y, después, para vender sus instalaciones a un fondo recién llegado al mercado financiero nacional.
Esto se consumó hace medio año: los trabajadores califican esta operación de "fraude" y no ha conseguido el aplauso de la administración regional (la nacional trabaja en la reversión del acuerdo de compraventa que había avalado, señalan desde el Principado). "Llevamos seis meses viviendo con riesgo", concluyen desde el comité de empresa en referencia al nombre de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, que gestiona el día a día de las plantas alumineras de Avilés y La Coruña.
Los trabajadores de las fábricas no están para celebraciones: "Sólo queda un año de acuerdo de mantenimiento del empleo", lamentan. Lo cierto es que no es tanto tiempo: en 31 de julio de 2021 caduca un acuerdo comercial asumido por Parter Capital y, después, por Grupo Industrial Riesgo. "La verdad es que son tantos los incumplimientos del acuerdo que no sabemos qué pensar sobre esto", añadieron los trabajadores. Los incumplimientos están ahora en los juicios: la confederación de cuadros -con la adhesión de Comisiones Obreras (CC OO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT)- ha presentado una querella criminal contra Alcoa, Parter y Riesgo. Todavía está pendiente de que la Audiencia Nacional la admita a trámite. El comité de empresa de La Coruña, de acuerdo con las federaciones sindicales mayoritarias, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el mismo sentido. Lo que quieren los trabajadores es dilucidar si han sido objeto de maquinaciones de un "grupo criminal". Con esto pendiente, el día a día en la fábrica se hace "insostenible". La empresa ha instalado una valla en torno a barra de la cafetería cuyo servicio acaba de ser clausurado (a finales del verano). Según los trabajadores consultados, la empresa pretende trasladar el descanso de los trabajadores de las series electrolíticas de las naves a la antigua cafetería.
Hasta el momento, los trabajadores de electrólisis tienen cuatro pequeñas áreas en las que pueden tomar un café, sentarse (dos por serie). Lo que sucede es que la empresa aluminera ha decidido no producir aluminio electrolítico (el puro) y, en consecuencia, los trabajadores de este departamento no tienen tarea (muchos están segando, quitando matos o pintando instalaciones).
Así que en estos seis meses de gestión de Grupo Industrial Riesgo los trabajadores han vivido todo tipo de experiencias inéditas: no cobrar a tiempo la nómina es la mayor de todas, pero también destacan circunstancias tales como cursos para usar desbrozadoras, suspensiones intermitentes de las producciones y todo sin que exista un proyecto claro de producción.
La empresa, sin embargo, considera que todo está bien: "Alu Ibérica sigue manteniendo el empleo de alrededor de 600 trabajadores. Al contrario de lo que ocurre con otros productores de aluminio, Alu Ibérica mantiene el empleo de toda su plantilla y ha puesto en marcha cursos de formación para dotar a los empleados que deben cambiar de actividad dentro de las plantas de la capacitación necesaria para el desarrollo de nuevas funciones". Quienes no mantienen el empleo son los antiguos dueños de la aluminera, es decir, la multinacional Alcoa. Quiere cerrar su fábrica de San Ciprián, en Lugo.
