La Guardia Civil presentó la semana pasada el informe posterior a la reconstrucción del accidente del autobús de la empresa Alsa del 3 de septiembre de 2018, uno de los más trágicos de la historia reciente en el Principado (cinco muertos, quince heridos). La conclusión de este informe es que "con la incorporación al escenario de protecciones nivel H2 en ambas márgenes de la vía el autobús no se habría salido de ésta en el punto en el que lo hizo". Añaden los agentes en el mismo documento que "puede afirmarse que el impacto fue inevitable al no poder franquear los dispositivos de protección".

La compañía de transporte por carretera basa su estrategia en la idea de que el accidente se hubiera podido evitar. Y es que el vehículo chocó de lleno contra una columna de uno de los viaductos que por entonces se estaban construyendo a la entrada de la autopista Y. De hecho, la simulación que aportó la compañía a mediados de este mes de agosto concluyó lo mismo que se puede leer en el informe de los agentes de la Guardia Civil; es decir, que de haberse colocado dos hileras de barreras de seguridad de hormigón (denominadas "New Jersey"), el autobús no habría acabado impactando contra el pilar que convirtió en amasijos el vehículo y en arma mortal para cinco viajeros.

El conductor del vehículo, que perdió una pierna en el accidente, ha prestado declaración en dos ocasiones en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Avilés. En la primera dijo no recordar nada de lo ocurrido y en la segunda declaró que la zona del accidente debería haber estado protegida por vallas.

Durante la investigación trascendió que el chófer padece epilepsia. El historial médico del conductor es otra de las claves de la investigación. Una de las hipótesis que barajan las acusaciones es que el trabajador hubiese pedido el alta voluntaria tras habérsele diagnosticado epilepsia y pese a que, sostienen, no podía conducir de manera profesional al padecer esta patología.

La instrucción está ahora en manos de las acusaciones particulares (las víctimas) y también de la Fiscalía. La celebración de un juicio, por lo tanto, queda lejos en el calendario. Los que sufrieron las consecuencias reclaman indemnizaciones que llegan a 83.000 euros. Todo esto es lo que trata de concluir la investigación.