“Tenemos que proteger a nuestros mayores de los desalmados que les engañan en su propia casa, con la venta de productos y cacharros que no pidieron y que no necesitan, abusan de su buena fe, les humillan y diezman su economía maltrecha”. Esas son palabras de Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores, para referirse a las ventas a domicilio en las que quieren aprovecharse de las personas mayores. Lo dice con una sentencia en la mano en la que el juez deja sin efecto dos contratos adquiridos por una octogenaria y por valor de 5.500 euros. El magistrado ordena la devolución de esa cantidad y va más allá, ve indicios de un delito de falsedad documental del vendedor al presentar un documento que presuntamente no se correspondía con el día que se formalizaron los contratos. Ese documento del 13 de marzo de 2019, según el comercial, venía a explicar que el desestimiento solicitado “se hizo fuera de plazo” pero no se pudo probar en sede judicial.
La supuesta venta fraudulenta ocurrió el 7 de marzo de 2019 cuando un comercial vendió a una octogenaria un generador de ozono y un láser de espalda por un valor de 3.564 €euros y además un láser de rodilla y un tapper viscogel por importe de 1.656 euros. Una semana más tarde, el día 15, la hija de la víctima envió un burofax a la firma para rechazar esos contratos sin recibir noticia alguna. Cinco días después, repitió la operación instando al desestimiento de la compra y solicitando su cancelación.
La octogenaria realizó el pago de los productos adquiridos en efectivo con dinero que tenía ahorrado en casa y también con el restante, sacado del banco. Según la sentencia, el comercial llegó a acompañar a la mujer a la sucursal bancaria. “Esperó fuera en el coche y la señora le entregó el dinero en mano”, explica Alonso, tras relatar el testimonio que realizó la hija de la perjudicada ante la Unión de Consumidores.
Siempre según la sentencia fechada el pasado día 19, el comercial pudo haber incurrido en un delito de falsedad de documento mercantil en concurso de normas con un delito de estafa procesal en grado de tentativa.
La entidad que preside Dacio Alonso denunció ante Consumo los hechos con el fin de sancionar a la empresa “por no respetar el derecho de desistimiento y por la venta de productos sanitarios en forma contraria a lo previsto legalmente”. “Esta denuncia ya se está tramitando en el Principado”, indicó Alonso que con el objetivo de que hechos como el juzgado no se vuelvan a repetir lanzó una serie de recomendaciones a los mayores que están en sus casas y reciben la visita de vendedores a domicilio: "En mi casa solo entran personas de mi confianza” y “Si ya me engañaron y firmé un contrato, llama de forma urgente a un familiar para comunicar la anulación y que pasen a recoger los productos entregados”. “Para este tipo de ventas, la ley obliga a que se incluya en el contrato un apartado específico para desistir, y se ejerce en los 14 días naturales desde la firma”, concluyó Alonso.
