La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la caja B del PP nuevas diligencias encaminadas a indagar en contratos por valor de aproximadamente 570 millones firmados por varios ministerios del Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004.
Uno de esos contratos sospechosos a ojos de la Policía es el que se firmó en 2003 con la empresa Constructora Hispánica, S. A. para construir la sede de la Agencia Tributaria de Avilés en la avenida del Conde de Guadalhorce por valor de 2,94 millones de euros. Y el “donante” no es otro que el empresario Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica y condenado a dos años de cárcel por un delito de cohecho continuado en el juicio principal del “Caso Gürtel”.
En un informe policial de 24 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Press se indica que “con el fin de concretar” los indicios que se tienen, [la UDEF] propone investigar contratos de hasta cinco ministerios, de ADIF, Aena y de Renfe (entre otros) para “allegar elementos indiciarios sobre el objeto” de la investigación. Para ello solicitan requerir a la Secretaría General Técnica o a su equivalente el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación de cada una de las licitaciones que se enumeran y que corresponden a los ministerios de Fomento –del que era Ministro por entonces el asturiano Francisco Álvarez-Cascos–, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, Renfe, Turespaña, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) –en relación al encargo de su sede en Avilés–, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Aena o Adif.
En su informe, la UDEF señala que la razón para pedir estas nuevas diligencias, que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuyo titular hasta la semana pasada era José de la Mata, está en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel por el empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Una vez más, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativos y su aplicación en concepto de gastos del Partido Popular, cuya llevanza realizaban el extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, “corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtuvieran adjudicaciones de obra pública”.
El proyecto
- Objeto. Obras de construcción de un nuevo edificio para la administración y aduana de la Agencia Tributaria en Avilés.
- Presupuesto base. 3.472.743,30 euros.
- Forma de adjudicación. Subasta.
- Fecha de adjudicación. 28 de mayo de 2003.
- Contratista. Constructora Hispánica, S. A.
- Importe de adjudicación. 2.943.149,90 euros.
El propietario de la Constructora Hispánica señaló en su declaración que el destino del dinero entregado a Correa eran organismos centrales, mientras que Correa definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las empresas hacia Luis Bárcenas, que en caso de éxito generaba el pago de una comisión que se encargaba de repartir entre los partícipes y la propia formación política.
Los agentes policiales ponen el foco en que el constructor Alfonso García Pozuelo tenía una posición que le vinculaba al PP como donante de fondos. De hecho, señalan que entre 1998 y 2006 se registran en la cuenta analítica del partido hasta nueve entradas (ingresos) con un montante de más de 258.000 euros por importes que oscilan entre los 12.020 euros y 60.000 euros. Coincidiendo con esto, la entidad Constructora Hispánica, en el periodo de estudio comprendido entre 2002 y 2009, obtuvo del conjunto de las Administraciones Públicas, cuando eran gobernadas por el PP, varias adjudicaciones de obras, ya fuese concurriendo en solitario o asociadas a otra entidad.
Alfonso García Pozuelo terminaría vendiendo Constructora Hispánica al grupo Monje, con intereses en Mieres y Candás, con el fin de saldar una deuda de 20 millones con el Fisco. Un informe de la UDEF incluido en el sumario del “Caso Gürtel” al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA en su día considera que los pagos de García Pozuelo a la trama tienen que ver con comisiones por la concesión de obras públicas.
En esa época, Constructora Hispánica era una de las principales adjudicatarias de proyectos del Ministerio de Fomento, al frente del cual estuvo entre 2000 y 2004 Francisco Álvarez-Cascos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) permite comprobar que Constructora Hispánica fue adjudicataria –sola o junto a otras compañías en régimen de UTE– de un total de 32 proyectos entre mayo de 2000 y marzo de 2004, época del Ministerio de Álvarez-Cascos. Entre esas obras destaca la construcción de la plataforma del AVE León-Asturias, por un importe de 220,4 millones de euros. Los 32 proyectos antes citados alcanzaron un monto de 703 millones de euros.
