El joven acusado de amenazas y perseguir a dos niñas y coger a una de ellas por el cuello se acogió a su derecho a no declarar ante el juez. Su abogada, Sonia Arévalo, pidió su absolución y alegó que su cliente tiene acreditada su incapacidad y también aportó informes médicos del Hospital San Agustín, que lo avalan. “Sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero no sabe evaluar las consecuencias”, defendió la letrada momentos después de la celebración del juicio en el que la Fiscalía mantuvo su petición de nueve meses de prisión y al pago de una sanción durante dos meses a razón de doce euros al día.
El caso quedó visto para sentencia. En ese momento, la abogada defensora solicitó la redacción de una sentencia de lectura fácil, sistema que busca que las personas afectadas por una discapacidad cognitiva, puedan comprender mejor el contenido de las decisiones judiciales.