José Iván Iglesias habita en una vivienda de Vipasa en Valgranda, más concretamente, en un tercero de la calle Valdredo. Desde hace algo más de una semana el suelo de su piso de protección autonómica se ha levantado y eso le impide cerrar las puertas del interior de su vivienda. “Como consecuencia de esa situación no tenemos ni privacidad a la hora de ir al baño... ya envié correos electrónicos, llamé por teléfono, te tratan mal y además no me aseguran si podrán venir este mes o el mes siguiente”, indicó José Iván Iglesias, que defiende sus derechos y afirma que “según la ley de propiedad vertical en su artículo 21, el arrendador, en este caso Vipasa, está obligado a reparar los desperfectos y eso no está ocurriendo pese a la urgencia”.
El afectado intentó solucionar el levantamiento de las baldosas de su vivienda recurriendo a su seguro privado; sin embargo, al tratarse, dice, “de un fallo estructural, el responsable sería Vipasa”. “Llevamos más de diez años con problemas con Vipasa y si alguna persona me pidiera consejo para ser inquilino de una vivienda de protección autonómica como la mía, le diría que desista”, señaló el afectado, que afirmó además que Vipasa le llegó a requerir “un justificante de ingresos” cuando hizo la solicitud de reparación de daños registrada en su vivienda. “Me sentó como si me estuvieran amenazando”, señaló José Iván Iglesias, que pidió hablar directamente con la gerencia de Vipasa para exponerle personalmente su problema y, por el momento, no ha obtenido respuesta a su requerimiento.
