Los incumplimientos de convenio promovidos por Grupo Industrial Riesgo sobre sus trabajadores en Alu Ibérica “son incontables”. Lo dijeron ayer los trabajadores de la planta aluminera de San Balandrán ayer en sendas asambleas informativas convocadas ayer, fecha de pago de la nómina. Observaron que los impagos y los retrasos son ya proceder natural de la compañía que dirige David Domenech, que se hizo con las antiguas fábricas de aluminio primario de Alcoa este pasado abril para sorpresa del Gobierno central y del Principado y también de los trabajadores. Entonces es cuando comienza una crisis que va a llevar a los trabajadores avilesinos a concentrarse los próximos días 4, 5, 6 y 7 de enero delante de las oficinas centrales. “Si no pagan para entonces, propondremos nuevas medidas de presión”, señaló el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz. Los compañeros de La Coruña llevan cuatro días de huelga indefinida para reclamar la readmisión de una trabajadora cuyo despido fue comunicado antes de un episodio poco claro en las instalaciones de la capital gallega en el que la empresa asegura que el comité coruñés ejerció violencia y el comité coruñés de viceversa.
Los impagos en Avilés van desde la prima de riesgo, el plan de pensiones, la caja social... “Si de aquí a entonces cumplen con lo que nos deben, levantaremos la presión”, apuntó De la Uz al término de la asamblea.
Los trabajadores reclaman también al Gobierno del Principado una recepción con el presidente regional: Adrián Barbón. No es la primera vez que la hacen, pero es que nunca se han visto trabajadores y gobernante. Consideran los trabajadores que es el presidente quien tiene que conocer de primera mano qué supone la dirección de Grupo Industrial Riesgo sobre la aluminera. “Igual que hace la Xunta con los compañeros de Galicia”. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, recibió a una delegación del comité coruñés y a su término mostró su disposición para mediar en el fin de la crisis. La cita con Barbón la quieren para el próximo día 11 de enero.
El comité de empresa explicó a los trabajadores reunidos en asamblea en el campo de fútbol cercano a la fábrica el camino judicial abierto: dos querellas; una por lo social y la segunda por lo penal. La primera busca que se investiguen los incumplimientos del acuerdo del 15 de enero de 2019 (el de poner a la venta las fábricas). La otra vía busca que las autoridades judiciales determinen si las empresas Riesgo, Parter y Alcoa conformaron “un grupo criminal” para delinquir. “Les hemos explicado que nos hemos visto obligados a ir por esta vía porque la política se ha agotado”, señaló De la Uz. Y esta vía era la de la nacionalización de las plantas y la declaración del aluminio sector esencial .
