Las cosas en la crisis de Alu Ibérica se pueden embrollar todavía más de lo que están. Los actuales gestores de la sociedades que administran las alumineras de Avilés y La Coruña (Grupo Industrial Riesgo) y sus inmediatos antecesores (el fondo Parter y la multinacional Alcoa) están siendo investigados como presuntos autores de, entre otros delitos, estafa agravada, contra la seguridad de los trabajadores y negociaciones fraudulentas.
“Nos estamos planteando ahora ampliar la querella porque creemos que en la venta hubo blanqueo de capitales”, señaló ayer Alfonso Freire, el letrado gallego que se encargó de redactar la querella criminal por la que la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha ordenado investigar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil. Freire ha redactado esta querella por encargo de la Asociación Profesional de Cuadros (APC), que agrupa a mandos intermedios y la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP). La Federación de Industria del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) también se ha personado en el proceso.
La investigación abierta a cuenta de los trabajadores (ni el Ministerio de Industria, ni el Principado, ni la Xunta de Galicia se han sumado a la reclamación de la plantilla, lamentan las plantillas gallega y asturiana) tiene una argumentación clara: “Consideramos que el acuerdo de venta tenía un objetivo claro: el mantenimiento del empleo. No se trataba de un negocio más de la multinacional y, sin embargo, todo apunta a que por ahí van los tiros”, añadió Freire. Y se sustenta en el hecho de que, según su criterio, “tal cual están las cosas, a Alcoa le sale rentable la crisis porque tenían que pagar una serie de millones de dólares para desarrollar la operación. Dicen ahora que como Parter no cumplió su parte, ellos se libran”. O sea, como se produjo una operación no recogida en el acuerdo de venta de julio de 2019 (amparado por el Ministerio de Industria, sobremanera, por su secretario general, Raúl Blanco), Alcoa puede apartarse del problema.
Estas son las líneas gruesas de una operación complicada que está dejando las instalaciones fabriles de Avilés “en estado de abandono”, en palabras de los sindicatos (desde hace semanas caen placas de metal y de plástico de los techos de las naves de las series electrolíticas: “Llueve dentro de ellas”, ilustran). Bajando al detalle, los sindicatos se hacen varias preguntas: “¿Cómo es posible que una empresa como la creada por el argentino David Domenech, con 3.000 euros de capital social, se puede haber hecho con las fábricas?”, se preguntó Freire. “¿De dónde le vino el dinero?”, añadió el mismo abogado. Y ahondó más: “La operación de venta –la primera, la de julio de 2019– fue entre una multinacional como Alcoa y dos empresas pantalla creadas ‘ex professo’ por un fondo de capital sin ninguna experiencia en el sector del aluminio. Alu Holding Avilés y Alu Holding La Coruña, dos empresas con un capital de 3.000 euros, se hizo con dos fábricas que valen millones”, insistió Freire. La sospecha de la APC es tal que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre ella.
Freire explicó que los trabajadores a los que representa (componentes de los dos comités de empresa) han solicitado la escritura de compras de las fábricas. “Están en su derecho”, recalcó el abogado. Riesgo no las ha entregado. “Esta negativa es suficientemente sospechosa de cómo se realizó la compra”, señaló el letrado. Los trabajadores no entienden (tampoco lo entiende el Principado) cómo es posible que una empresa como Grupo Riesgo fuera descartada en el proceso de ‘casting’ de compradores por carecer de garantías suficientes las haya conseguido unas pocas semanas después. “Estamos viendo que no cumplen con los pagos a proveedores, a sus trabajadores, están vaciando las fábricas, han abierto expedientes disciplinarios a trabajadores”, continuó Freire. En ese “casting”, recordó el abogado, Alcoa descartó a sus competidores (Liberty). Es decir, quería marchar y no quería dejar a nadie en su lugar. “El mercado del aluminio primario es mundial”, subrayó el letrado.
Los trabajadores consideran que el acuerdo fue un fraude y, en consecuencia, reclaman retrotraer todo el proceso a enero de 2019. Entonces se había firmado un plan social que se tendría que aplicar en tanto en cuanto no se llevara a cabo la venta de las fábricas. Las condiciones de aquel plan social son mejores que la agonía embrollada en la que está la crisis en este momento.
Adrián Barbón
Los trabajadores de Alu Ibérica de Avilés han solicitado –es la segunda vez porque la primera no fue atendido el requerimiento– un encuentro con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, con el fin de poder explicar la situación actual en la fábrica. El próximo día 11 se concentrarán, de nuevo, ante la sede de Presidencia.
