Cada nuevo paso que se da en Galicia para salvar del cierre la fábrica de aluminio de San Ciprián (Lugo), propiedad de la multinacional Alcoa como lo era la de Avilés, enerva a los trabajadores de la planta asturiana, que por boca de sus representantes sindicales exigen “igualdad de trato” e invocan “un apoyo tan firme para garantizar el futuro del sector como el que está dando la Xunta de Galicia”.
Ayer se supo que los trabajadores de Alcoa en San Ciprián aprobaron en referéndum las condiciones que hacen posible el inicio de la venta de las instalaciones a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda que gestiona las participaciones del Estado en diversas empresas. Votaron a favor de las condiciones de venta 648 personas (el 87,2 por ciento del total de votos emitidos), se opusieron 84 (11,3 por ciento) y hubo siete votos nulos y cuatro blancos. Parejo a este resultado y con el objetivo de facilitar el desarrollo de las negociaciones, se ha desconvocado la huelga que estaba anunciada como medida de presión.
“Me congratulo por los compañeros de la factoría lucense, que tienen un panorama más despejado que aquí en Asturias. Además también tienen un Gobierno regional que, a diferencia del nuestro, se implica en el futuro del sector del aluminio”, manifestó ayer el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica (antigua Alcoa) en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO). Como evidencia de lo “diferentes” que son aquí las cosas, el sindicalista refiere que pese a haber sido requerido en varias ocasiones, “el Presidente Barbón ni nos recibe”.
La entrada en escena de la SEPI en la crisis aluminera de San Ciprián –una factoría que como la avilesina dejó de ser rentable a ojos de su propietaria, Alcoa– se produjo como consecuencia del fallido intento de venta, primero, de la empresa a un fondo extranjero y el rechazo de la Justicia del expediente de despidos que pretendía llevara cabo Alcoa para clausurar parte del complejo que gestiona en Lugo. La solución que se ha puesto sobre la mesa es que la SEPI compre la sociedad, la tutele durante un tiempo de transición y la venda posteriormente a un empresa capaz de hacerla viable.
“Eso mismo es, ni más ni menos, lo que pedimos para la fábrica de Avilés después de haber quedado probado que la venta realizada por Alcoa a Parter Capital, pese a tener el aval del Estado, ha sido un fiasco”, reclama Gómez de la Uz. El presidente del comité exige igualad de trato con el sector gallego del aluminio “porque las cosas en la antigua planta avilesina de Alcoa no han dejado de ir a peor desde el día que Parter tomó el control, pues a los pocos meses revendió la sociedad a Grupo Riesgo, ahora en proceso de investigación judicial y sin credibilidad industrial ninguna”.
