El colectivo de afectados por la prohibición de que los pescadores recreativos y deportivos capturen lubinas en un área marina acotada al norte de la isla Erbosa, para reservar ese espacio en exclusiva a la actividad de los pescadores profesionales que faenan con el arte llamado pincho-caña, anunció ayer que recurrirá en las próximas semanas dicha orden ministerial de modificación de la zona de veda existente en la zona del cabo Peñas (Orden APA/21/2021, de 19 de enero): “Carece de argumentos para prohibir la práctica de la pesca recreativa y no acredita suficientemente la necesidad de la norma, a la vez que no motiva de ninguna de las maneras la prohibición que hace”, avanza el abogado Cristian del Castillo, que ya cuenta con aproximadamente un millar de damnificados.
Aclara al respecto: “Nuestro ordenamiento jurídico obliga a todas las disposiciones generales, como la que será objeto de recurso, a acreditar suficientemente el motivo de dicha prohibición, y en esta ocasión no lo hace, esgrimiendo unos conflictos totalmente inexistentes. Ya la propia ley reguladora de la pesca marítima de recreo del Principado de Asturias regula la práctica de la pesca recreativa mediante unas restricciones en beneficio de la pesca profesional, como puede ser, unos límites y cupos diarios y unas distancias que toda embarcación recreativa debe mantener respecto de la embarcación profesional”. Asegura que la prohibición no solo afecta a la lubina sino a cualquier otra especie.
Así pues, a juicio de Del Castillo, habiendo ya una norma que regula dichas actividades y su compatibilidad “es absurdo prohibir la práctica de la pesca recreativa de manera absoluta”. “En la zona de Cabo de Peñas objeto de controversia ya está regulada desde hace años el tipo de pesca que se puede realizar, tanto profesional como recreativa. Desde hace siglos se lleva practicando la pesca deportiva tradicional, un tipo de pesca en total armonía con el ecosistema marino”.
Para los afectados, no hay razón alguna, “sobre todo desde el punto de vista científico, ya que es el único medio para poder acreditar la injerencia negativa de la pesca recreativa sobre el medio marino, para que la Administración prohíba la práctica de la pesca recreativa”. Por tanto, advierten, desde el colectivo de afectados se llevará ante la última instancia judicial si es necesario, la defensa sus derechos vulnerados de manera arbitraria. Y rechazan hablar de “guerra” entre dos bandos. “Precisamente es eso lo que quiere la administración, el enfrentamiento entre profesionales y recreativos, y en la realidad es inexistente”, concluyen los afectados, ya con los motores judiciales encendidos.