El acusado de asesinar a una mujer transexual en Avilés en septiembre de 2019 ha reconocido los hechos que le imputa la Fiscalía del Principado de Asturias y ha aceptado una condena de 15 años de prisión. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, una vez cumplidos 10 años recluido en un centro penitenciario, será expulsado de España durante 10 años más. La vista para ratificar el acuerdo alcanzado entre las partes se ha celebrado este mediodía en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, por lo que ya no se desarrollará el juicio oral previsto ante un jurado popular y señalada a partir del lunes en el mismo órgano judicial, como informó este periódico.
El 20 de septiembre de 2019, sobre las siete y media de la tarde, el acusado A. L. D. O., que convivía con la víctima (Paloma Barreto), entabló con ésta una discusión. En el transcurso de la misma, recoge el relato de hechos definitivo, "con evidente intención de acabar con su vida, le propinó hasta 18 puñaladas en el rostro, en la espalda y en la parte anterior del tórax y el abdomen, algunas de las cuales afectaron a zonas vitales y le causaron la muerte".
Con su ataque, el acusado impidió toda posibilidad de defensa de la víctima. El arma homicida desapareció de la escena del crimen, probablemente por acción del acusado, que se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 25 de septiembre de 2019.
El acusado nació en Brasil en 1995 y se encuentra en situación irregular en España, al carecer de los permisos de estancia y residencia. Durante todo el procedimiento, había negado su implicación en el crimen.
Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139.1.3º del Código Penal. Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 15 años de prisión (se enfrentaba a 23), inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y abono de las costas procesales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89.1 y 5 del Código Penal, una vez cumplidos 10 años de condena, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del acusado del territorio nacional durante 10 años (lo máximo previsto), a contar desde la fecha en la que se materialice esa expulsión.
