Covadonga Araujo Suárez está embarazada de veinte semanas y trabaja como técnico de radiología en el Hospital Universitario San Agustín. Al contrario de lo que le ocurrió con su anterior embarazo, hace tres años, Araujo se encuentra ahora con que la mutua rechaza darle la baja hasta la semana 33 (octavo mes de gestación). “Dicen que no hay riesgo cuando estamos en contacto continuo y directo con los pacientes en medio de una pandemia por el nuevo coronavirus”, lamenta esta mujer, que critica la falta “de un criterio unificado” para las bajas por maternidad. “En el mismo servicio y a personal de la misma categoría nos dan las bajas en meses distintos de embarazo”, subraya.
El puesto de la técnica de radiodiagnóstico ya es punto y aparte, de normal, para una mujer embarazada. “Nosotras tenemos que comunicar el embarazo nada más que lo sabemos porque hay tareas que no podemos hacer por seguridad. Una vez comunicado, nos ponen en un puesto compatible. El siguiente paso es avisar a la mutua, para que nos dé la baja por riesgo, que de acuerdo con el servicio de prevención del hospital decide la semana. Y en estos momentos, el servicio de prevención, tal vez porque está desbordado, tiene a las embarazadas en el limbo”, sentencia.
Araujo Suárez, que tiene 37 años, tuvo su primer embarazo hace tres años. Entonces recibió la baja por maternidad en la semana 26; es decir, pasados los cinco meses de gestación. Ahora la mutua le señala como apta para el trabajo hasta la semana 33, octavo mes. “No hay un consenso en el proceso de dar las bajas por riesgo, parece que todo depende del día que tenga la doctora de la mutua. Un ejemplo es que ahora mismo, en otro hospital del Sespa, a otra técnico como yo, en las mismas condiciones, le dan la baja en la semana 26. Es una prueba de que hacen lo que les apetece”, subraya esta futura mamá que advierte de que, en su caso, por ejemplo, poner un equipo de protección individual ante un caso sospechoso de covid le genera “doble estrés”.
La intención de Araujo Suárez es continuar en su puesto “hasta que la mutua reconozca que no ha hecho bien las cosas”. Y echa mano de una sentencia reciente ganada por el sindicato en la sanidad asturiana Usipa-Sicepa-Saif en nombre de una enfermera de Neonatología del Hospital de Cabueñes de Gijón, también embarazada: el juez obligó a la mutua que se encarga de las prestaciones de salud laboral de los trabajadores del Servicio de Salud (Sespa) a reconocer el riesgo durante el embarazo del personal sanitario.
En ese caso, el Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo reconoció a la enfermera de Gijón, embarazada de siete meses, el derecho a apartarse del servicio de atención directa al paciente y acogerse a una baja laboral desde la semana 24 de gestación para evitar la posibilidad de contraer una infección por coronavirus.
Los representantes sindicales destacan la importancia de esta sentencia recién conocida para la protección de las trabajadoras del sector sanitario que estén embarazadas, y que desde que comenzó la situación de pandemia fueron declaradas personal de alto riesgo y se dictaminó que debían ser apartadas de la atención directa con el paciente.
