Los vehículos de transporte interior de la empresa Alu Ibérica en Avilés no tienen desde ayer mecánicos encargados de su mantenimiento porque, señalan desde el comité de empresa de la aluminera, la compañía no ha satisfecho todos los pagos correspondientes a este servicio –que realiza una subcontrata desde hace años, tantos como que cuenta con un taller propio en las instalaciones de San Balandrán–. Esto quiere decir, señalan desde el comité de empresa, “que corre peligro la escasa producción que está saliendo”. Y es que estos vehículos van de la chatarra a los hornos y así sucesivamente.
Los impagos ya no son nuevos en las instalaciones de San Balandrán. Otros proveedores de Alu Ibérica han decidido no continuar sirviendo en las instalaciones de San Balandrán por impagos continuados. Esto afectó a proveedores de materia prima, pero también de servicios médicos.
La ausencia de la empresa de reparación de coches podría ser solventada por la ampliación de la capacidad de negocio de la firma que asumió a los limpiadores que habían tenido que negociar un expediente de regulación de empleo (ERE) como consecuencia, nuevamente, de impagos de Riesgo.
Por otra parte, está previsto que los representantes de los trabajadores de Alu Ibérica se concentren este próximo jueves delante de la Junta General del Principado coincidiendo con la segunda jornada de celebración de un pleno (promovido por Izquierda Unida, pero aceptado por el resto de las formaciones) en el que se va a discutir el estado en que se encuentra la industria asturiana en este momento (estatuto electrointensivo, fin del sector aluminero primario en el país...)
La agenda de este jueves es intensa: otra parte de los representantes sindicales están citados a las 9.15 horas en la Audiencia Nacional, en Madrid, como testigos de un juicio para resolver una demanda interpuesta por varios sindicatos contra la multinacional Alcoa, el fondo de inversión suizo Parter Capital Group, que compró las plantas de Avilés y La Coruña de la multinacional norteamericana y el Grupo Industrial Riesgo, que es su actual gestor. La demanda aspira a defender los derechos de los trabajadores de la planta ante un presunto engaño a cuenta del acuerdo depara vender sellado en enero de 2019 y que los trabajadores consideran que se ha conculcado.
