El encuentro informal de Álvaro Álvarez, dirigente del PSOE avilesino durante 22 años, ahora ya jubilado, viceconsejero de Administraciones Públicas en su última etapa en activo, y que el pasado 31 de diciembre se entrevistó con responsables de alguna de las empresas que optan al contrato de demolición de las antiguas baterías de coque, puede derivar en un delito en grado de tentativa por tráfico de influencias o cohecho. Esta es la versión trasladada por expertos jurídicos a preguntas de este diario. El asunto, en manos de la Fiscalía desde el pasado viernes, ha levantado una auténtica polvareda, tanto en el ámbito del partido en el que milita el aludido desde tiempos de la transición y donde ocupó cargos de responsabilidad como en los grupos de la oposición, que ayer volvieron a reclamar “que se depuren responsabilidades y se investigue hasta el final”.
El embate a lo que desde fuera de las filas del PSOE se consideran “hechos gravísimos” fue combatido ayer, de nuevo, desde la agrupación local. La FSA no se pronuncia en tanto que el asunto está en proceso de investigación. Fue el secretario general en Avilés, Luis Ramón Fernández Huerga, quien volvió a defender la acción de Álvaro Álvarez señalando que “cualquiera que conozca la Administración sabe que es una ilusión o una manipulación pensar que alguien pueda tener capacidad de influencia sobre un contrato que, además, en este caso, se decide en Madrid”.
De dilucidar si existió o no vulneración de la ley en la cita de Álvaro Álvarez con un representante de Lezama Demoliciones (que se presentó a la licitación en una UTE con Los Álamos) se encargará ahora la Fiscalía, que tiene seis meses por delante para las diligencias preprocesales que, según las fuentes consultadas, permitirán decidir si se abren diligencias de investigación. El fiscal designado en el caso podrá recabar en ese plazo la documentación que considere necesario o convocar para las pruebas testificales a las personas que considere oportunas. El dirigente socialista –ahora fuera de la primera línea política– contactó con el gerente de la firma vizcaína Lezama Demoliciones y le habría ofrecido ayudarla en la adjudicación del contrato a cambio de un porcentaje. Una acción que en ámbitos jurídicos señalan podría incurrir en un delito de cohecho en grado de tentativa.
Si la Fiscalía aprecia que existen indicios de delito comenzaría la instrucción del procedimiento y se presentaría el escrito de acusación correspondiente o se declararía el archivo de las diligencias en el caso de concluir que no hay infracción ante las pruebas recabadas.
En el entorno de Álvaro Álvarez fue recibida con “sorpresa” la denuncia ante Fiscalía, habida cuenta de que, como el propio aludido señaló, la intención de aquel encuentro de la Nochevieja pasada no tenía más objetivo que le conocieran por parte de las empresas y que estas pudieran pulsar su opinión acerca del proceso de adjudicación de las obras que Sepides desarrolla en los terrenos de las antiguas Baterías de Avilés. Nada más, en el entorno de quien fuera dirigente de la agrupación avilesina del PSOE no esperan ahora más que el asunto se aclare “donde se tiene que aclarar: en la Fiscalía. Nada más que decir”. En la FSA se espera al pronunciamiento de Fiscalía para decidir si se levanta o no la suspensión temporal de militancia que el propio Álvarez reclamó este fin de semana.
En los grupos de la oposición el asunto mantiene encendidos los ánimos. Con la negociación presupuestaria sobre la mesa, Cambia reprochó ayer por boca de su portavoz, Tania González, que el aludido por pedir una comisión en los contratos de Baterías fue también “el principal impulsor de la operación de la privatización del agua en Avilés, que fue investigada por cobro de comisiones”. Vox pedirá explicaciones en el Pleno y ya anuncia las primeras consecuencias: “Esto retrasará todo el proceso abierto en la licitación de Baterías”, remató su portavoz, Arancha Martínez Riola.
