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Acepta dos años de prisión por distribuir material pedófilo desde su teléfono

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía permitió rebajar la petición de condena a la mitad

Un vecino de Candamo reconoció ayer en sede judicial que poseía y distribuía archivos de pornografía infantil a través de Whatsapp y consiguió rebajar a la mitad la pena que le solicitaba la Fiscalía. Tras el acuerdo alcanzado entre la defensa y el Ministerio Fiscal, el candamín de 48 años fue condenado a dos años de prisión. Además de esa pena, quedará inhabilitado para el desempeño de cargo, empleo, oficio o profesión relacionado con menores de edad o en centros de menores durante un período de 5 años. El reconocimiento de los hechos evitó el desarrollo de la vista oral.

La sesión celebrada ayer en el Juzgado de Avilés está relacionada con una operación llevada a cabo por la Brigada de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Este equipo detectó la difusión en un grupo de WhatsApp con la imagen de un menor participando en un acto sexual con adultos. Entre los miembros de ese grupo de temática pedófila se encontraba el vecino de Candamo que distribuyó y compartió archivos de pornografía infantil desde un número de teléfono móvil cuyo titular y usuario es el acusado.

El ahora condenado contaba con un teléfono y dos tarjetas con una gran cantidad de archivos de pornografía infantil, que fueron hallados en su domicilio tras un registro policial. El candamín llegó a crear incluso una cuenta desde la que solicitaba la remisión y enviaba de forma intencionada y voluntaria archivos de contenido pedófilo, y es más, estaba interesado en contactar, conocer y compartir contenidos y experiencias pederastas con otros. Los documentos enviados eran de todo tipo y en octubre de 2019 llegó a remitir por esta vía un vídeo de algo más de cuatro minutos sobre una violación a un bebé.

Una vez que el vecino de Candamo reconoció los hechos que le imputaba el Ministerio Fiscal, su abogada consiguió rebajar la pena inicial de cuatro años de cárcel. Eso sí, la inhabilitación especial para trabajar en profesiones relacionadas con menores o en centros de menores quedó intacta: se mantuvo en cinco años.

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