En el teatro el tramoyista es la persona que coloca, hace funcionar o trabaja en las mutaciones de la escena. Aplicado a la esfera política, ese podría ser el papel que ha venido desarrollando en los últimos años Álvaro Álvarez. Se desenvolvió con soltura en el escenario municipal como concejal de sucesivas corporaciones de 1981 a 1999, como secretario general del PSOE avilesino durante 22 años; y más tarde, como diputado autonómico, viceconsejero del gobierno autonómico… y de vuelta a la actualidad, esta semana, como protagonista principal de una investigación de la Fiscalía en la que tratan de dilucidar si el irreductible dirigente socialista habría incurrido en algún ilícito tras reunirse con alguna de las empresas que optan a la licitación del contrato para la demolición de las baterías de coque de Avilés. Desde su condición de jubilado, sin cargos orgánicos en el partido ni presencia en la esfera pública, el aludido lanzó en su defensa una pregunta al aire: ¿en condición de qué se iba a ofrecer a mediar?
La trama.
En sentido figurado, la Real Academia Española, también recoge el uso del tramoyista para referirse a la persona que utiliza ficciones o engaños. Y esa denuncia que obra en manos de la Fiscalía tal parece referirse más a esta última acepción si se continúa con el símil teatral. El asunto por desenmarañar tiene que ver con una supuesta reunión, celebrada la pasada Nochevieja en una cafetería situada en una vía de la ciudad altamente transitada, donde Álvaro César Álvarez García (Canales, León, 1954) se habría encontrado con representantes de Lezama Demoliciones –que aspira al contrato de Baterías en una UTE con la constructora asturiana Los Álamos– junto con una empresa local del sector. La iniciativa de esa cita habría partido de esta última empresa como contratista habitual de Lezama en Asturias. ¿La razón? La explicó el propio Álvaro Álvarez en un comunicado público: el interés de Lezama Demoliciones en conocerle y también en conocer su opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras que Sepides desarrolla en los terrenos de las antiguas Baterías. La empresa local que acompañaría a de Lezama Demoliciones en esa reunión sería la responsable de gestionar el hierro y la chatarra del derribo de la instalación industrial.
La negativa.
“Es falso y poco creíble”, declaró el socialista sobre el hecho de que se le atribuyera capacidad de influir en la resolución del contrato, como ahora investiga la Fiscalía. Pero la sombra de la duda que se cierne sobre uno de los planes estratégicos para los próximos años en Avilés ha llevado a los sindicatos UGT y CC OO a encender las alertas: el temor a “que se convierta en un nuevo ‘caso Niemeyer’”, declararon a preguntas de este diario. El proyecto para la demolición de Baterías salió a licitación en 15 millones de euros. En la carrera por hacerse con él, tres son los principales protagonistas de la ‘tramoya’ que envuelve a Álvaro Álvarez. Por un lado, la empresa con la que él se reunió el 31 de diciembre, la UTE Lezama-Los Álamos, única de las aspirantes con una empresa vinculada a la región, además de las firmas Erri Berri y Eiffage, que obtuvieron en una primera valoración 56,75 y 53 puntos sobre 100, respectivamente, frente a los 73,3 con los que partía ya con ventaja la UTE de la que participa la constructora asturiana Los Álamos. Así figura en el documento firmado el pasado 11 de enero por la Dirección de Negocio de la Actividad Inmobiliaria del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Ese mismo órgano fue quien dio traslado de la reunión entre Álvaro Álvarez y el gerente de una de las empresas, así como la denuncia de que éste se había ofrecido a ayudar en la adjudicación a cambio de un porcentaje.
Las cifras del contrato.
Los hechos que investiga la Fiscalía tienen su origen en los propios protagonistas de la trama. En la reunión de Nochevieja Álvarez habría pedido 150.000 euros como supuesto “facilitador” de la adjudicación, y fue la empresa que se reunió con el exdirigente socialista quien lo puso en conocimiento de la entidad Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), activándose una investigación interna que acabó en manos de la Fiscalía. Entre tanto, Sepides, órgano estatal al frente de los contratos de Baterías, ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para concretar si se puede continuar o no con normalidad con la licitación.
El silencio.
La respuesta que han tenido estos hechos en la esfera política ha ofrecido una velocidad bien distinta a la que se fijó para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Domingo 31 de enero, LA NUEVA ESPAÑA, en su edición digital, publica: “Denunciado ante Fiscalía el exsecretario del PSOE de Avilés por intentar influir en la adjudicación de la demolición de Baterías”. Él mismo pidió esa misma mañana su baja como militante del PSOE. Únicamente sale a escena el secretario general de la agrupación avilesina, Luis Ramón Fernández Huerga, sucesor en el cargo del ahora denunciado y miembro de aquella familia socialista que llevó a Álvarez a disputar la secretaría general de la FSA a Javier Fernández en el congreso del año 2000. Huerga alabó el gesto de que hubiera pedido la baja de militancia de ‘motu proprio’: “Es una decisión que le honra, será una suspensión temporal a la espera de que se esclarezca el proceso”. Álvarez insistió en su condición de “jubilado” y que no ejerciera en el momento de los hechos “ningún papel ni representación institucional, fuera de cualquier ámbito de decisión” al tiempo que echó mano del argumento de su “conocida e intachable trayectoria como representante público”. Y agregó: “Resulta muy poco sólido y nada creíble atribuirme una capacidad de influencia de que la carezco por completo en un procedimiento de contratación que corresponde exclusivamente a una empresa de la administración general del Estado”.
El ofrecimiento.
El 1 de febrero, 24 horas después de conocerse los hechos, Huerga repite comunicación pública, en esta ocasión para enfatizar: “No tengo ninguna duda sobre Álvaro. Confío en que la Justicia lo aclare todo”. Desde la FSA únicamente refieren que, como asunto en manos de la Justicia, esa suspensión temporal de militancia dependerá de la conclusión de la investigación. Ninguna valoración sobre la persona. El señalado, en otra época hombre con predicamento en la Casa del Pueblo y en otros ámbitos del partido, igual que la persona que dirige la tramoya del escenario teatral, se ofreció a colaborar: “Estoy a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier supuesto y contribuir a que se resuelva este proceso cuanto antes”. El miércoles, cuatro días después de que se hiciera público el asunto, se pronunció la alcaldesa, Mariví Monteserín: “No quiero manchas en el proceso”, dijo ante la posible afectación a los plazos del proyecto. “Le deseo al Fiscal que acierte en la investigación y que, además, lo haga pronto”, pidió la Regidora. El presidente del Principado, Adrián Barbón, abundaría en la misma idea 48 horas después, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Y lo hizo para “mostrar el respeto absoluto a dejar trabajar a la Fiscalía sin presiones de ningún tipo y respetando su labor”. También recordó que Álvarez no ocupa ningún cargo de responsabilidad en el partido.
Enredo.
En el entorno del principal protagonista de los hechos que han enredado el contrato para la demolición de Baterías fue recibida con “sorpresa” la denuncia presentada ante la Fiscalía “producto de un enredo”, dicen, “que ninguno de los intervinientes esperábamos”. Por delante la Fiscalía cuenta con seis meses para recabar la documentación y pruebas testificales necesarias para comprobar si existen o no indicios de delito. Los juristas aprecian como posibles ilícitos en los hechos que se investigan un delito de cohecho o tráfico de influencias en grado de tentativa en ambos casos. Hasta ese pronunciamiento, las empresas implicadas también han optado por hacerse un lado hasta que la Justicia desarme la tramoya que se ha montado en torno al contrato de Baterías. Los grupos de la oposición consideran los hechos ”de máxima gravedad” y han pedido al PSOE “que rinda cuentas”.
