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Alu Ibérica dice que no hay delito en su gestión, pero la Audiencia Nacional mantiene el proceso

El Juzgado Central, que investiga el delito de pertenencia a grupo criminal de la aluminera, rechaza el argumento de Víctor Rubén Domenech

Instalaciones de Alu Ibérica en Avilés.

Instalaciones de Alu Ibérica en Avilés.

La Confederación de Cuadros Profesional de Alcoa (que acoge en su seno a la Asociación Profesional de Mandos de Alu Ibérica) presentó en la Audiencia Nacional una querella criminal por delitos de estafa, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal contra Víctor Rubén Domenech (que firma sus comunicaciones internas como David Domenech) y contra nueve personas físicas más y nueve sociedades vinculadas con ellos. El Juzgado Central Número 3 la admitió a trámite el pasado día 22 de diciembre. A la vez que hizo eso mandó que la Unidad Central de Delincuencia Económica, de la Comisaría General de Policía Judicial y Fiscal, realizase la investigación integral en los términos sugeridos por el sindicato. A todo esto se opuso la representación legal de Víctor Rubén Domenech aduciendo que no había delito alguno que investigar.

La Audiencia Nacional, sin embargo, dictó la semana pasada un auto en el que rechaza la argumentación del nuevo dueño de Alu Ibérica. Dice que “las alegaciones del apelante-querellado carecen de eficacia desvirtuante de los sólidos razonamientos del instructor”. Añade a continuación, según ha podido saber este periódico, que “la simple negativa de unos hechos que ‘ab initio’ no cabe destacar que son penalmente ilícitos, no es acogible como motivo de recurso contra el auto de admisión a trámite de la querella e inicio de la investigación encaminada a verificar la noticia criminis”. O sea, que la instrucción del Juzgado sigue adelante.

Esta es una de las vías abiertas por los sindicatos para defender los derechos perdidos desde que la multinacional Alcoa decidió vender sus fábricas de Avilés y La Coruña al fondo suizo Parter Capital Group que, unas pocas semanas después de hacerse con el control de las alumineras, decidió negociar la venta de lo recién adquirido con Víctor Rubén Domenech, propietario de parte del capital de PM MR 1866 S.L., socia de System Capital Management S.L. (ahora Iberian Aluminium Spain) y de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo (que a fecha de ayer sigue sin estar registrada oficialmente con este apelativo).

Esta vía (de lo social) quedó suspendida –hasta el próximo 20 de mayo– a comienzos de este mes al pedir, precisamente, las sociedades PM MR 1866 y Alu Holding Spain 2019 Avl tiempo para estudiar la causa, esta vez, defendida por todos los sindicatos y encabezada por la federación de industria de Comisiones Obreras.

Esta maniobra la explica Alu Ibérica en el número 2 de su boletín de la siguiente manera: “El aplazamiento tiene muy poca incidencia sobre el horizonte temporal para conocer una sentencia definitiva, ya que hablamos de pocas semanas sobre un proceso que se alargará varios años hasta contar con una sentencia definitiva”. Y añaden que el proceso tardará “años” en tener “una sentencia en firme en muchos años”. Este es el argumento que lanzan los sindicatos al Gobierno: el 31 de julio todo se puede acabar.

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