El Bloque Nacionalista Galego (BNG) quiere que el Estado “entre en Alu Ibérica para dar fin a la situación generada por un acuerdo de compraventa fraudulento”. Quien así habla es el diputado nacionalista en el parlamento gallego Mon Fernández. Esta petición se formaliza hoy en Compostela por medio de una proposición no de ley. “No existe otra solución posible”, recalcó Fernández. El BNG lidera la oposición al Partido Popular en Galicia.
La justificación de la proposición no de ley está, dijo Fernández, en que ha quedado patente la mala situación de las fábricas después de “incontables incumplimientos del convenio colectivo, después de que tengan a la plantilla sin ocupación efectiva y que el número de bajas por ansiedad sea tan elevado”, señaló Fernández. “Consideramos igual de culpables al Grupo Riesgo como a Alcoa, que ha actuado de mala fe y con el apadrinamiento del Ministerio de Industria, de la Xunta y del Principado, además de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras”.
La nacionalización que reclama el BNG también sonó en la Junta General del Principado. En esta ocasión, incentivada por Podemos e Izquierda Unida. El Gobierno de Asturias no se ha movido por esta línea, de hecho, la rechazó diciendo que la administración regional no tenía capacidad para asumir su entrada en la compañía (ahora ha anunciado que lo hará en Duro Felguera). “Nuestra petición es que la SEPI se haga cargo de la empresa, aunque sea como empresa bisagra: mientras llegue el próximo propietario”, recalcó Fernández.
Suspensión de contrato
La ingeniería noruega Hycast, cuya matriz es Hydro, ha comunicado a la empresa Alu Ibérica que suspende la instalación de sendas mesas de colada en Avilés y La Coruña ante la ausencia del pago de dos de los plazos acordados en septiembre pasado. La inversión era de 9,7 millones. Riesgo reconoció que había pagado el 20 por ciento (el primer plazo). El segundo y el tercero, sin embargo, no han llegado a Noruega. Esta inversión era la parte del león de un supuesto plan de inversiones valorado en 150 millones a distribuir en cinco años. David Domenech –entonces, director general– había declarado: “De esta forma, cumplimos con las expectativas de todos aquellos clientes que exigen empresas socialmente responsables, financieramente sostenibles y comprometidas con el medio ambiente”.
En este mismo orden de cosas, el nuevo director general de Alu Ibérica, Carlos Núñez, había convocado ayer al comité de Avilés a una reunión de presentación. Estos no acudieron porque consideran que la compañía “ha incumplido el convenio en 22 puntos” y porque expedientó a tres trabajadores por haber respondido a preguntas de la Inspectora de Trabajo.
Despidos
Alu Ibérica dio de baja en la Seguridad Social al presidente del comité de empresa de La Coruña, Juan Carlos Corbacho, y a tres de sus compañeros. Lo hizo acusándoles de haber protagonizado una protesta por otro despido disciplinario, una circunstancia que aún no ha sido aclarada. Se da la circunstancia de que no ha sido hasta ayer que los cuatro trabajadores recibieron las cartas en que les notifican sus despidos. El secretario general de Industria, el socialista Raúl Blanco, calificó estos despidos como “inadmisibles” y responsabilizó a Alcoa de la situación. Está en su mano cambiarla.
