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Monteserín lamenta el "fallido" proceso de compraventa de las fábricas

El Principado confía en que “se aclare y se investigue lo necesario” y la Xunta cree que la venta de las plantas “se cerró en falso”

La intervención policial, ayer, en Alu Ibérica

La intervención policial, ayer, en Alu Ibérica

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue ayer el más contundente entre los representantes de las administraciones públicas al expresar su preocupación tras conocer que agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía habían requisado la documentación de las fábricas de Alu Ibérica en La Coruña y Avilés. A su juicio, Alu Ibérica “no puede seguir en la situación en la que está” y manifestó abiertamente sus dudas sobre la operación de venta de la factoría coruñesa, ya que, según su opinión, “desde el primer momento todo parecía indicar que se había cerrado en falso”. Feijóo criticó también la postura del Gobierno central en relación al traspaso de las fábricas de Avilés y La Coruña, antes de recordar que su primera reunión como presidente electo en julio fue con el comité de empresa. En aquel encuentro, dijo, se ratificaron “las reservas” sobre cómo se había procedido a la venta de las fábricas de A Coruña y Avilés inicialmente al fondo de inversión Parter, que poco después acabaron en manos de Grupo Riesgo. “No nos gusta lo que está pasando, no nos da seguridad”, subrayó.

En el mismo sentido se expresó la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien ante el avance de las pesquisas por parte de la Audiencia Nacional, confía en que, al final de este proceso “se clarifique la situación y se pueda volver a retomar un plan de industrialización real, duradero y con futuro para el sector del aluminio”. La regidora enfatizó que desde el gobierno local siempre se ha defendido que el aluminio “tiene futuro”, tras conocer que la planta de Alu Ibéricafue ayer ‘tomada’ por los agentes de la UDEF. “Su ubicación es excelente y cuenta con unos grandísimos trabajadores muy bien formados y que, además, están muy identificados con el sector”, aseveró. Desde el gobierno local creen posible retomar un proceso de industrialización en torno al aluminio, y lamentan el traspaso desde Alcoa a Parter y de Parter a los nuevos gestores de Grupo Riesgo en lo que Monteserín definió como “un proceso muy fallido”. La prioridad para la Alcaldesa pasa por retomar un plan “duradero” para la fábrica de Avilés, “que dé estabilidad, empleo y sea competititivo”.

Por parte del Gobierno del Principado se limitan a esperar a que se conozcan los resultados de la investigación. “Esperamos que se investigue y se aclare todo lo que sea necesario”, aseguraron fuentes del gobierno asturiano mientras el presidente gallego se reafirmó en la “alta preocupación” que genera la situación de Alu Ibérica. Pendiente aún de una conversación con el delegado del Gobierno, Feijóo incidió en que la operación se encuentra bajo secreto de sumario y trasladó su respeto a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La explicación del Ministerio de Industria a los registros realizados ayer en Avilés y La Coruña es que formaba parte “de una derivación de un procedimiento judicial abierto”. No procede, señaló un portavoz ministerial, realizar más comentario al respecto, y manifestaron “máximo respeto a las actuaciones de la Justicia”, a la espera de acontecimientos.

Auditorías

El consejero de Economía gallego, Francisco Conde, adelantaba hace unos días, tras una reunión con representantes del comité de empresa, que no descartaba la inminente la actuación de la Autoridad de Trabajo y la Inspección de Trabajo ante la próxima caducidad del compromiso adquirido por Parter de blindaje de puestos de trabajo. Recordaba asimismo que la Xunta consideraba más necesaria que nunca “la auditoría técnica y financiera” que desde hace tiempo venían exigiendo para aclarar en qué términos se hizo la venta de Alcoa a Parter y, posteriormente, a Grupo Riesgo y la capacidad de este último para desarrollar los planes industriales comprometidos.

Conde aludió también a la necesidad de que, a partir de julio, cuando expira el contrato inicial de compraventa, “existan condiciones laborales e industriales que aseguren el mantenimiento de todos los puestos”. Y reclamó al Gobierno central una garantía “tanto en la capacidad industrial de la planta como la competitividad desde el punto de vista de los precios de la energía, ya que la viabilidad del empleo depende de estos dos elementos”.

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