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Registran a los trabajadores de Alu Ibérica en Avilés: "Nosotros no robamos nada, que pillen a estos ladrones"

"Se fue el depredador, que era Alcoa, y ahora los carroñeros, estamos ante el último tramo para desalojar a Riesgo", dicen los gallegos

Agentes de la Policía Nacional registrando los vehículos de los trabajadores de Alu Ibérica en Avilés

Agentes de la Policía Nacional registrando los vehículos de los trabajadores de Alu Ibérica en Avilés

Continúa la macrooperación de la Policía Nacional en Alu Ibérica: los agentes están ahora registrando los coches de los operarios de la fábrica de San Balandrán: "Nosotros no robamos nada, que pillen a éstos ladrones", manifestaron los trabajadores de la aluminera comarcal. Fuentes del comité de empresa de la fábrica de Avilés se mostraron "muy contentos" por la intervención "pero la acción política no debe quedar dormida", plantearon.

En Galicia más de lo mismo. En la comunidad vecina, Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de empresa de La Coruña, manifestó: "Se fue el depredador, que era Alcoa, y ahora los carroñeros, estamos ante el último tramo para desalojar a Riesgo". La intervención está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Tres de la Audiencia Nacional y arrancó a primera hora de esta mañana.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron entonces actuación operativa en las provincias de Madrid, A Coruña, Asturias, Málaga y Castellón en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa en La Coruña y Avilés. En el marco de dicha operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

La Policía toma las fábricas de Alu Ibérica por presunta "despatrimonialización fraudulenta"

 La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Tres de la Audiencia Nacional en sus Diligencias Previas 57/2020 declaradas secretas y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones.

En el operativo van a participar más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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