La Policía Nacional ha detenido a tres mandos de Grupo Industrial Riesgo tras el registro de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña y de las oficinas de Madrid, Alcobendas, Málaga y Castellón. De hecho, dos de los arrestados fueron esposados en la capital de España, donde Riesgo tiene sus oficinas centrales (José Abascal, 52). El otro, en la provincia de Málaga. Allí está domiciliada la empresa PM MR 1850, que es la matriz de la que surgió el entramado empresarial que controla (o controlaba hasta ayer) las dos fábricas alumineras. Según la agencia Efe, los tres detenidos prestan declaración esta mañana en la Audiencia Nacional. Asimismo, está previsto la toma de declaración de una cuarta persona, de Castellón.
Estas detenciones fueron el episodio final de una operación policial llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en las oficinas de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo en Avilés y, además, en la sede central de la multinacional Alcoa en Madrid. Todos, por orden de María Tardón, que es la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, la que aceptó la querella criminal que presentó la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra una decena de personas físicas y nueve empresas. “Estamos contentos de que esté aquí la Policía, pero los políticos no pueden olvidarse de nosotros”, señaló José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica.
La jornada de ayer –a pocos meses del final del acuerdo de compraventa de las plantas alumineras– fue para la plantilla de celebración, de reivindicación y de temor de que todo “vuelva a quedar en nada”, es decir, sin aluminio, con medio millar de trabajadores en el paro y con un solar y una ruina en la otra orilla de la ría.
El resultado de todos estos movimientos policiales de ayer, según fuentes oficiales, es “secreto”. Y, sin embargo, ha trascendido el número de detenidos y que los agentes interrogaron profundamente a trabajadores de los departamentos financiero y administrativo de la fábrica de San Balandrán (al menos, hasta pasadas las tres de las tarde) y, además, a Francisco de Francisco, que es el jefe de Recursos Humanos de la sociedad Alu Ibérica, el primer ejecutivo que llegó a Alu Ibérica de la mano de Riesgo, concretamente, lo es desde mediados de julio del año pasado, tres meses después de que Riesgo entrara en la propiedad de la compañía tras adquirir tres de las cuatro partes que había comprado Parter Capital Group a Alcoa. Todo este ir y venir de acciones es lo que la Audiencia Nacional trata ahora de desentrañar con la investigación en marcha.
Los portavoces de Alu Ibérica no supieron dar una explicación coherente del resultado de la operación policial. Los de Alcoa sí. Con estas palabras: “Estamos cooperando con las autoridades. Alcoa vendió las plantas de Avilés y La Coruña en 2019 a Parter Capital Group en una venta que fue avalada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores. Posteriormente, Alcoa ha presentado una demanda contra Parter relacionada con la venta de acciones en las dos plantas”. Lo cierto es que Alcoa había reclamado el apoyo de los trabajadores, pero, finalmente, no lo obtuvo porque estos recalcaron que había sido Alcoa la que había buscado y decidido a qué grupo iba a vender sus fábricas. El aval del Gobierno de España sí que lo obtuvieron.
El protagonismo de De Francisco fue tal ayer, en San Balandrán, ante la ausencia de su inmediato superior (Carlos Núñez Zorrilla), nombrado el pasado 15 de febrero director general de Alu Ibérica, en sustitución de Víctor Rubén Domenech, que firmaba hasta hace tres semanas sus cartas y comunicaciones como David Domenech. Precisamente, fue este quien desembarcó el pasado abril en las alumineras de Asturias y Galicia con experiencia previa en el sector de droguería y de la hostelería. Se da la circunstancia de que Domenech estuvo ayer en paradero desconocido.
La toma de la fábrica avilesina se produjo pasadas las nueve de la mañana: al menos una docena de vehículos, entre furgones y coches patrulla. Los primeros fueron los que se encargaron de vigilar la entrada de la fábrica mientras que los coches subieron hasta las oficinas. Allí establecieron su centro de operaciones agentes de paisano con chalecos fosforescentes.
Accedieron a las oficinas con una orden judicial. Pidieron a los trabajadores que se mantuvieran en sus puestos y que dejaran de trabajar en los ordenadores. Entonces reclamaron la presencia de los jefes de los departamentos financiero, administrativo y de personal. Aparte, de los distintos talleres.
Coincide esto con el hecho de que el miércoles pasado (el día anterior a la toma de la fábrica) se colapsaron todos los ordenadores de la planta. Un portavoz de la empresa lo achaca a un cambio del sistema (el dominio de Alcoa dejó de tener uso y el de Alu Ibérica no se puso en marcha). Los trabajadores ven “como muy casual” esta circunstancia. De hecho, el comité de empresa prevé denunciar esto (un hurto de información sindical al no poder tener acceso a los ordenadores, dicen) ante la Inspección de Trabajo. Una de las responsables del área avilesina acompañó también a los agentes de la UDEF a lo largo de la jornada de la intervención.
