“Todo esto empezó cuando Alcoa decidió despedirnos”, comenzó José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés. “Nos vendió a un liquidador, pero le salió mal”, añadió en referencia a Parter Capital Group, que es, en palabras de De la Uz, “un fondo buitre”. Lo controla Rüdiger Terhost en calidad de socio director. El 31 de julio de 2019, Joachim Magin (un hombre de Terhost) fue quien firmó el contrato de compraventa de las plantas. El otro fue Kai Runne Heggland (entonces, vicepresidente de operaciones alumineras de Alcoa para Europa, Oriente Próximo y Australia). “Los responsables de traernos a esta gentuza aquí han sido los de Alcoa”, concluyó.“Aquí hubo un depredador industrial, que fue Alcoa, y al marcharse vinieron los carroñeros”, definió el comité gallego en referencia a esta operación. La empresa Alcoa, que también vio sus oficinas invadidas por la Policía Nacional, señaló en un breve comunicado: “Estamos cooperando con las autoridades. Alcoa vendió las plantas de Avilés y La Coruña en 2019 a Parter Capital Group en una venta que fue avalada por el gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores”. Subrayaron también que fueron ellos los que presentaron una demanda contra Parter por incumplir el acuerdo de compraventa. De lo que no dijeron nada fue de que también aceptaron el traspaso de acciones después de haber retenido durante semanas el pago de uno de los plazos que se habían comprometido para dar viabilidad a las plantas.
En todo caso, De la Uz celebra que la Policía Nacional haya accedido a las instalaciones y haya intervenido papeles y discos duros para comprobar qué se oculta tras una operación comercial que se descubrió en medio del primer confinamiento para desconocimiento del Principado de Asturias y también del Ministerio de Industria.
Este tono de celebración es semejante al que se vio ayer en A Grela, en La Coruña. Allí está la otra fábrica de la desdicha. Juan Carlos López Corbacho, el presidente del comité de empresa allí (Riesgo lo ha despedido junto a otros tres compañeros por liderar una huelga, un despido que está en vía de impugnarse), señaló al periódico “La Opinión de A Coruña”, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA visiblemente satisfecho: “Les dijimos el primer día [a los directivos de Riesgo] que estaban aquí de manera ilegítima, que habían okupado la planta y que la Justicia tarde o temprano obraría porque nosotros nos íbamos a personar en todas esas denuncias. Ya era hora de ver el final de esta pesadilla”.
Los trabajadores de Avilés, a la salida del turno de las 13.20 horas (como consecuencia del covid), aceptaron los registros policiales a sus coches y sus mochilas. “Aunque nosotros no robamos nada, que pillen a estos ladrones”, señalaron. Nada más tener noticia del dispositivo, el comité gallego envió un escrito a los trabajadores solicitando su colaboración con los agentes, para ayudar a “esclarecer la verdad”.
Varios mandos de la fábrica fueron requeridos por los agentes, que requisaron ordenadores, información y documentación de las oficinas en busca de pruebas sobre la posible implicación de Alcoa, Parter Capital, Grupo Riesgo –y otras empresas relacionadas– así como de varios directivos en la presunta descapitalización fraudulenta de las fábricas de aluminio. Algo semejante pasó en Avilés: los trabajadores acompañaron a los policías en su visita por todas las instalaciones de San Balandrán, que entre ayer por la mañana y la noche del jueves, produjeron una colada de tochos de aluminio (apenas tres palés). Entre las nueve y las tres de la tarde de ayer accedieron a la planta de San Balandrán sólo dos camiones con material, cuando en los días malos con Alcoa entraban “más de cuarenta”.
El representante de la plantilla coruñesa mostró su satisfacción por el avance de la vía judicial, que es, dijo, “una parte” de la “lucha” de los trabajadores. Pero dejó claro que la solución industrial debe venir de la mano de las administraciones y la voluntad política. Por ello, instó a Gobierno central, Xunta y Principado a trabajar por un proyecto industrial que garantice la actividad y el empleo en las factorías alumineras de La Coruña y Avilés y que ponga fin a la “estafa” de la venta de Alcoa a Parter primero y de este a Grupo Riesgo después. Corbacho espera que la operación policial sirva de acicate para convocar la mesa industrial, en la que considera que deben sentarse solo las administraciones y la parte social, y no “empresas fraudulentas”.
Lo que sucederá hoy en las plantas se mantiene como un enigma. Con las plantas descabezadas (hay tres mandos del Grupo Riesgo detenidos y una cuarta persona que tiene que declarar esta mañana en la Audiencia Nacional) la solución que esperan los trabajadores es un administrador judicial.
