Las cuatro organizaciones sindicales con representación en el comité de trabajadores de Alu Ibérica Avilés confían en que el punto de inflexión que ha supuesto el exhaustivo registro policial llevado a cabo el pasado jueves, la detención de la cúpula directiva de Grupo Industrial Riesgo y el avance de la investigación abierta por la Audiencia Nacional den paso ahora a medidas concretas que “protejan” la factoría y a sus empleados. Aunque sea con matices, las cuatro centrales sindicales claman por que la empresa “pase a mano competentes”, según expresión de José Antonio Jaquete, miembro del comité en representación de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP).
El presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), manifestó que se quedaría “más tranquilo” si la juez nombra un administrador judicial. Pero no acaba ahí el deseo del sindicalista, pues es de la opinión de que “además de decisiones judiciales, hay que tomas otras de tipo político, en concreto la intervención de la empresa por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para tutelar un proceso de transición que despeje el futuro de la empresa”.
Daniel Cuartas, secretario de la sección sindical de la UGT en Alu Ibérica, aboga por el protagonismo de la SEPI y advierte de que “lo que bajo ningún concepto puede ocurrir es que Domenech y sus socios sigan teniendo el control”. Como ejemplo del deterioro económico causado en estos meses bajo el mando de Grupo Industrial Riesgo, el sindicalista citó ayer a los trabajadores que están de baja: “Aún no han cobrado el mes de febrero”. Por el acuerdo de convenio que rige en Alu Ibérica, es la empresa la que paga a las personas en situación de incapacidad laboral y con posterioridad “arregla cuentas” con la Seguridad Social.
Ángel Marqués, de USO, defiende la idea de que “lo que debe cumplirse a partir de ahora es lo acordado originalmente en materia de empleo, inversión y producción para vender la fábrica”.
